Contrato con la ESPH vence este mes y nuevo concurso tomará meses en resolverse
Incierto futuro de 1.800 privados de libertad con tobillera electrónica por atraso en licitación
Contraloría volvió a rechazar la solicitud de prorrogar el servicio actual y señaló que es responsabilidad del ministerio de Justicia
Johnny Castro johnnycastro.asesor@larepublica.net | Lunes 08 febrero, 2021
El futuro de 1.800 privados de libertad que utilizan el sistema de tobillera y monitoreo electrónico en el sistema penitenciario nacional es incierto debido a que el contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) concluye este 28 de febrero y no hay una pronta solución a la vista.
La Contraloría General de la República ha señalado deficiencias en el servicio y volvió a rechazar la solicitud del ministerio de Justicia para prorrogar el contrato actual e instruyó a realizar una nueva licitación para la contratación de un nuevo proveedor.
El ministerio de Justicia realizó la solicitud con argumentos que anteriormente habían sido rechazados porque no son viables y además realizó la propuesta mediante un trámite improcedente, resolvió el ente contralor.
“Es necesario señalar, dadas las declaraciones de las autoridades de ese ministerio sobre el tema, que la correcta planificación y la oportuna presupuestación de un contrato público es responsabilidad exclusiva de la Administración”, indicó en un oficio fechado el 4 de febrero
Y amplió que pretender que severos problemas en esos aspectos de la gestión deba solventarlos ahora la Contraloría, siendo una gestión tardía –a unas semanas de vencer el contrato, e incompleta– no es pertinente.
Al respecto, Ginnés Rodríguez, vocera de la ESPH, respondió que el compromiso es brindar este servicio mientras exista un contrato vigente, si este no se logra ampliar o extender esta contratación, ya será responsabilidad del ministerio de Justicia determinar la forma en que se atenderá a la población privada de libertad bajo esta modalidad.
“No podemos ofrecer otra solución o escenario mientras no exista un contrato vigente en el marco de la legalidad”, expresó.
A pesar de que el ministerio de Justicia abrió ya una licitación internacional para contratar un nuevo proveedor del servicio, tal como lo instruyó la Contraloría, tardará varios meses para adjudicarse, superar el proceso de apelaciones, quedar en firme, ser refrendada e iniciar su implementación.
El cartel licitatorio que incluye las opciones de la Contraloría a deficiencias en el sistema actual, ya fue publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y distribuido a nivel internacional a través de la Cancillería.
¿Qué dice la Contraloría?
Una auditoría realizada por la Contraloría sobre la supervisión y el seguimiento de las personas sujetas a esta modalidad entre el 1° enero 2018 al 31 de mayo 2020, concluyó que el sistema actual es vulnerable porque:
- Hubo casi 908 mil alertas abiertas correspondientes a 1.485 personas monitoreadas entre el 13 de mayo al 20 de octubre del 2020.
- Deficiencia en la atención de las alertas gestionadas, en la comunicación de eventos a la Autoridad Judicial, así como en la coordinación con los cuerpos policiales
- Problemas en la gestión documental y en el registro y el reporte de los datos en la plataforma de monitoreo electrónico
