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La decisión reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos de eliminar los aranceles por razones de emergencia y el posterior anuncio del presidente Donald Trump de imponer un impuesto temporal y global del 10% a las importaciones, alegando una ley de comercio, reavivaron la inquietud e incertidumbre en el sector exportador costarricense.
El problema es que la falta de seguridad jurídica se traduce en precios más altos, menos ganancias y empleos y la contención de la inversión, entre otras medidas, según empresarios consultados.
Y es que el mensaje que reciben los mercados es claro: la política arancelaria de Estados Unidos seguirá siendo móvil y sujeta a decisiones políticas de corto plazo desde Washington.
Tras el fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles, Trump ahora defiende la sección 122 de la ley de comercio para imponer los aranceles.
No obstante, esa, que fue diseñada como un instrumento temporal para atender “problemas fundamentales de balanza de pagos”, no será permanente.
En otras palabras, las reglas del comercio mundial y de las exportaciones ticas a Estados Unidos volverán a cambiar en cuestión de meses.
De hecho, la administración Trump busca mantener presión arancelaria mientras construye un proyecto más duradero.
Abel Chaves, presidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, lo resume con una frase contundente: “La incertidumbre es un impuesto invisible”.
Una empresa exportadora opera con cronogramas y compromisos medidos en semanas y meses: compras de insumos, programación productiva, contratos con importadores y supermercados, reservas navieras, inventarios y líneas de crédito de capital de trabajo se hacen con tiempo. Cuando el arancel puede cambiar en cuestión de días, aparecen impactos inmediatos”, explicó Chaves.
En ese sentido, cuando los aranceles cambian, los compradores exigen renegociar o introducen cláusulas para trasladar parte del costo.
Si el exportador absorbe el arancel, reduce su margen; si lo traslada al cliente, la demanda puede caer”, agrega Chaves.
Por otra parte, el riesgo percibido aumenta, lo que puede encarecer créditos, seguros y coberturas o reducir los límites de financiamiento disponibles, y todo esto se traduce en precios finales.
Finalmente, cuando no hay certeza, se detiene la expansión, se posponen inversiones y se protege el flujo de caja; eso se traduce en menor contratación o mayor cautela”, advierte Chaves.
En bienes perecederos como la piña, el golpe es más fuerte: no es posible acumular inventario durante largos períodos sin perder valor comercial.
Mientras tanto, Rodney Salazar, presidente de Crecex, coincide en que la incertidumbre termina traduciéndose en costos adicionales.
Complica la planificación de compras y ventas, altera presupuestos, márgenes y precios finales, y obliga a tomar decisiones con menos visibilidad.
En la práctica, cuando las reglas cambian en caliente, aumenta el riesgo operativo: se encarecen las coberturas, el crédito se vuelve más cauteloso y las inversiones se ralentizan. Ese encarecimiento, tarde o temprano, puede trasladarse al consumidor final, tanto en Estados Unidos como en los países exportadores”, agrega.
Finalmente, Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), advierte que si las empresas perciben niveles de incertidumbre superiores a lo esperado, es probable que pospongan o detengan planes de inversión y contratación.
El señalamiento coincide con análisis recientes del Banco Mundial, que anticipa un crecimiento global más lento en los próximos años, incluso inferior al observado en la década de 1990, en un contexto de elevados niveles de deuda pública y privada.
En ese escenario, el organismo ha subrayado la necesidad de impulsar la inversión privada y el comercio, contener el gasto público corriente y priorizar la inversión en tecnología y educación.
Para Costa Rica, altamente dependiente de sus exportaciones hacia el mercado estadounidense, el impacto no se limita al porcentaje del arancel; por el contrario, el verdadero desafío es la inestabilidad regulatoria.
Cuando el recargo puede pasar de 10% a 15% en cuestión de días y su continuidad depende de decisiones políticas en Washington, se eleva el riesgo país percibido por los compradores. Eso encarece la negociación, la logística y el financiamiento, y reduce el apetito por expandir operaciones.
