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Durante años fue considerado uno de los hombres más poderosos de México, el líder que encabezó la guerra contra los carteles de la droga.
Hoy, a sus 54 años, Genaro García Luna es el más alto exfuncionario mexicano en ser declarado culpable por cargos relacionados con el narcotráfico.
Su juicio se desarrolló a lo largo de cinco semanas en un tribunal de Nueva York, el mismo en el que Joaquín "el Chapo" Guzmán, exlíder del cartel de Sinaloa, fue juzgado entre 2018 y 2019 y condenado a cadena perpetua.
De ese proceso, precisamente, salieron algunos de los testimonios que vincularon a García Luna con las actividades del cartel.
La fiscalía lo había acusado de cinco cargos y el jurado lo declaró culpable de todos.
El exfuncionario fue señalado por recibir millones de dólares en sobornos del grupo liderado por el Chapo para llevar cocaína a EE.UU. mientras ocupaba altos puestos de seguridad, especialmente el de secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón entre 2006 y 2012.
También enfrentaba cargos por delincuencia organizada y por mentir a las autoridades estadounidenses.
Ahora podría pasar entre 20 años y el resto de su vida en prisión. Su sentencia será dada a conocer en junio.
Su juicio ha arrojado luz sobre hasta qué punto el crimen organizado se infiltró en la cúspide del poder mexicano durante una de las épocas más cruentas de la guerra entre el Estado y el narco.
Ingeniero de formación, García Luna fue reclutado en 1989 como investigador del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el área de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación mexicana.
En sus primeros años en el Cisen se encargó de monitorear la actividad de los grupos guerrilleros activos en México, especializándose posteriormente en el combate a bandas de secuestradores.
Sus conocidos de la época cuentan que García Luna logró el rescate de varios personajes importantes, sobre todo empresarios que años después lo ayudaron en su carrera en el gobierno.
Del Cisen pasó a la Policía Federal Preventiva y de allí a la Agencia Federal de Investigación, dos corporaciones que desaparecieron cuando García Luna se encargó de la Secretaría de Seguridad Pública a partir de 2006.
Fue desde ese puesto que García Luna impulsó un agresivo combate al narcotráfico -conocido como "guerra contra el narco"- que incluía la participación del ejército y que, según algunas estimaciones, dejó más de 250.000 muertos.
Al término de la administración de Calderón en 2012, García Luna se mudó al estado de Florida en EE.UU. Allí residió hasta su detención en Texas en diciembre de 2019.
El proceso contra García Luna fue interpretado como una especie de secuela del llamado "juicio del siglo" contra el Chapo Guzmán, que se resolvió con cadena perpetua contra el capo de la droga.
Un exmiembro del cartel de Sinaloa dijo durante aquel proceso judicial que se había encargado de entregar maletas a García Luna con al menos US$6 millones en efectivo en 2005, 2006 y 2007.
Fiscales estadounidenses acusaron al exfuncionario mexicano de aceptar el dinero para facilitar la entrada de toneladas de cocaína que el cartel de Guzmán introdujo en EE.UU. entre 2001 y 2012.
Según la Fiscalía, García Luna acordó no interferir en los envíos de droga, revelar información a los traficantes sobre operaciones de control, eliminar a miembros de carteles rivales y colocar a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder.
El gobierno estadounidense alega que García Luna se convirtió en miembro de la organización desde enero 2001.
En total, enfrentaba cinco cargos: tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía de ese país en 2018.
El exsecretario de Seguridad se había declarado inocente de todos los cargos.
Su defensa argumentó durante el juicio que las acusaciones solo se basaron en testimonios y no en pruebas documentales. Pero el jurado lo encontró culpable por unanimidad de todos los cargos.
Antes del juicio, García Luna protagonizó varias polémicas durante su etapa al frente de la seguridad mexicana.
Antes de explotar su caso, una investigación del canal Univisión reveló nexos cuestionables con un empresario privado de seguridad que se habría beneficiado de la guerra contra las drogas que él liberaba.
Pero una de las situaciones más polémicas sucedió cuando García Luna era director de la Agencia Federal de Investigaciones.
Era diciembre de 2005 y millones de mexicanos vieron por televisión cómo sus agentes entraron a un rancho en el sur de Ciudad de México para arrestar a la ciudadana francesa Florence Cassez y a su compañero, Israel Vallarta, quien confesaba ante las cámaras el secuestro de tres personas.
Todo fue un montaje. Cassez y Vallarta habían sido arrestados el día anterior. Según García Luna, el show televisivo fue "una recreación" pedida por las televisoras, con las que mantenía una relación muy cercana.
El caso Cassez-Vallarta desató un conflicto diplomático con Francia y, en 2013, la Suprema Corte mexicana ordenó suspender una condena de 60 años contra Cassez por considerar que la transmisión "contaminó" el juicio en que fue declarada culpable.
A García Luna también se le criticaba su costumbre de mostrar en medios a muchos detenidos que luego resultaban absueltos.
Organizaciones civiles denunciaron duramente su uso de testigos protegidos en procesos judiciales para pretender vincular a activistas y medios de comunicación con bandas de narcotráfico.
Sin embargo, nada ha pesado más sobre su currículo que el elevado número de muertes que dejó la sangrienta lucha contra el narcotráfico que lideró, considerada como infructuosa y contraproducente por muchos expertos.
Por Marcos González Díaz, corresponsal de BBC News Mundo en México
Después de la inesperada liberación del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos -que había sido detenido en Estados Unidos en 2020 por presuntos vínculos con el narcotráfico-, el juicio a García Luna suponía ver en el banquillo de los acusados al exfuncionario mexicano de más alto rango hasta la fecha.
Ocurrió en el mismo tribunal y con el mismo juez en Nueva York que condenó al Chapo cinco meses antes de que García Luna fuera detenido, precisamente, por cooperar presuntamente con el cartel de Sinaloa que un día dirigió Joaquín Guzmán.
Por todo esto, la expectativa por esta especie de segunda parte de aquel histórico juicio era máxima. Pero, sobre todo, vuelve a demostrar el papel determinante que EE.UU. juega frente a México a la hora de aplicar justicia a los propios responsables del narcotráfico mexicano.
Tras la cadena perpetua aplicada al Chapo, una hipotética condena a García Luna suponía ahora la confirmación de un secreto a voces: la casi inevitable colaboración entre algunas autoridades mexicanas con los carteles para que puedan operar su multimillonario negocio.
Y también la persona sobre la que se tornan muchas de las miradas, el expresidente Calderón, quien siempre ha negado conocer cualquier tipo de vínculo de García Luna con el narcotráfico.
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