Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Como punto de partida para negociar los eurobonos, la bancada del Frente Amplio anunció que no iniciará ningún diálogo político sobre el tema hasta que el gobierno de Laura Fernández “desista públicamente y con claridad” de su intención de subir el IVA a la canasta básica.
Semanas atrás, y ante la reducción de los ingresos fiscales, Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, dio a conocer que se trabaja en una propuesta de ley para eliminar la exoneración que cubre a los 289 bienes y servicios de la canasta básica.
Hoy día, los bienes pagan solo un 1%, mientras que el IVA es de 13%. El plan del gobierno es cobrar el tributo a la mayoría de la población, pero devolver lo cobrado a las familias más pobres.
La bancada de izquierda aclara, eso sí, que en caso de desistir de la iniciativa, este sería tan solo el primer paso, ya que también exigen incluir diversos mecanismos de transparencia y reducir el monto de $13.500 millones que quiere Fernández.
“No vamos a firmarle un cheque en blanco a un ministro de Hacienda que cuando gobernó fue irresponsable y que ahora solo quiere patear la bola de una crisis fiscal que provocó él mismo”, afirmó la diputada Eugenia Román, subjefa de fracción.
“Primero que salga Chaves a desistir de meterle más impuestos a la canasta básica. Hasta que eso no pase no hay chance de iniciar conversaciones. Si lo hacen, ya nos sentaremos a la mesa para exigir que bajen el monto, plazo, interés máximo, y para exigir que antes de aprobar eurobonos tengamos aprobada una fuerte agenda de combate a la evasión y un mecanismo para que paguen a la CCSS”, agregó José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio.
Los eurobonos son certificados de deuda que emite el Gobierno, con la característica especial de que se venden fuera del país, en mercados internacionales como Nueva York o Londres.
Sirven para conseguir dinero a plazos más largos y tasas de interés más baratas de las que se consiguen en el mercado nacional, y el Gobierno usa ese dinero para pagar deudas viejas que están por vencer, sin asfixiar el presupuesto del Estado.
La idea de la mandataria es colocar alrededor de $1.500 millones al año durante un periodo de nueve años para completar los $13.500 millones.
