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Empresarios y políticos se habrían “colado” en la lista de beneficiarios a los que se les iban a perdonar grandes préstamos
Freno a condonación de deudas a “pequeños agricultores”
> Proyecto que pretendía perdonar créditos por ¢8 mil millones fue devuelto ayer pese a haber sido aprobado en primer debate para investigar los beneficiados
> Mientras que a algunos agricultores se les habrían redimido préstamos por menos de ¢2 millones, a otros se les habría liberado de deudas de hasta ¢146 millones


El ímpetu mostrado al inicio de la semana por los legisladores sobre el plan que pretendía perdonar las deudas a pequeños agricultores, ayer se vino abajo en forma súbita.
Luego que ayer LA REPUBLICA diera a conocer en exclusiva que entre las más de 7 mil personas que se iban a ver beneficiadas existirían desde empresarios hoteleros hasta políticos y ex presidentes de entidades bancarias desaparecidas, los legisladores prefirieron dar marcha atrás a este plan.
La iniciativa habría condonado deudas por ¢8 mil millones a los beneficiarios de los desaparecidos programas de Fideicomiso Agropecuario (Fidagro) y Fondo de Reconversión Productiva.
De los 43 diputados presentes en el plenario, 42 apoyaron devolver el proyecto de ley por 15 días a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, con el fin de “analizar con detenimiento quiénes iban a ser los beneficiados y discriminar de la amplia lista a las personas que no son elegibles.
Hasta el pasado miércoles los legisladores desconocían que entre los favorecidos estaban involucradas personas del sector empresarial y político del país, y cuyas deudas suman entre ¢46,4 millones y en algunos casos ¢147 millones.
LA REPUBLICA dio a conocer con base en una lista preliminar, que entre ellos figuran un ex diputado, así como familiares de autoridades de partidos políticos.
Los diputados de Acción Ciudadana y el Movimiento Libertario sentaron responsabilidades ayer mismo. Por ello llaman a la Contraloría General de la República, las entidades del Sistema Bancario Nacional, el Sistema de Banca para el Desarrollo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y al Consejo Nacional de Producción a explicar lo que llaman “un extraño sesgo de información”.
“Javier Flores, ministro de Agricultura y Ganadería, y José Miguel Carrillo, gerente del Consejo Nacional de Producción (CNP), tienen que darnos cuenta de esto y explicarnos las verdaderas razones de por qué se juntaron a Fidagro y el Fondo de Reconversión Productiva”, dijo José Joaquín Salazar, de Acción Ciudadana, quien aseguró que las deudas del primer programa son más bajas que las del segundo, donde están los nombres cuestionados.
Por su parte, José Miguel Carrillo, gerente del CNP, se limitó a decir que respetaba la decisión del Congreso y que la denuncia es solo “politiquería barata” y que es una “campaña de desprestigio en su contra”.
Este diario trató de constatar la versión de Javier Flores, ministro de Agricultura, pero ayer por la tarde mantuvo su celular apagado.
Las presuntas irregularidades sobre el manejo de los fondos de Fidagro no son nuevas. En dos auditorías en 2007 y 2008 la Contraloría General de la República reveló la existencia de anomalías.
En estas se desprende la presunta carencia de controles para supervisar las hipotecas en poder de los abogados y la inexistencia de medios legales para ejecutar las garantías.
Además, revelaron que Fidagro no contaba con un sistema de valoración de riesgos, lo cual pudo haber ayudado a prever cuáles préstamos no se podrían cobrar.
Así mismo muchos de los créditos incobrables se deben a falta de políticas de control por parte de los administradores del fondo.
El ente contralor también reveló a principios de año que más de ¢5 mil millones del fideicomiso de Reconvención Productiva, que forma parte de los fondos de Banca para Desarrollo, se perdieron durante 2008.
Dicho monto se encuentra en una cartera crediticia, donde los préstamos están vencidos o en cobro judicial, lo que hace creer que no son poco recuperables.
Estos ¢5 mil millones representan más del 50% de la cartera crediticia, mientras que solo el 1% de los préstamos se encuentra en cobro judicial.
Con este proyecto se pretendía, eliminar deudas que 7.042 aparentes agricultores mantenían con el Fidagro. Otros ¢5 mil millones se adeudaban al Fondo de Reconversión Productiva.
Durante la aprobación en primer debate del proyecto, el martes, este contó con el aval de 40 de los 42 diputados presentes en la sesión.
La mayoría de las bancadas del Congreso han coincidido en que la morosidad se origina en que condiciones climáticas adversas golpearon la producción.

Carlos J. Mora y Natasha Cambronero
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