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Los ocho expresidentes de Costa Rica salieron hoy en defensa del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como institución garante de la democracia en Costa Rica.
Asimismo, en un pronunciamiento público, pidieron a la comunidad internacional “no precipitarse emitiendo juicios a partir de versiones tendenciosas sobre nuestras autoridades electorales”.
El documento fue firmado por Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado.
La petición surge luego de que el congresista republicano Mario Rafael Díaz-Balart, afín al presidente Donald Trump, convocara a la embajadora costarricense en Washington, Catalina Crespo, a una “reunión informativa” en torno al clima político en Costa Rica y el proceso que se le sigue a Chaves en el Congreso por supuesta beligerancia.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no precipitarse emitiendo juicios a partir de versiones tendenciosas sobre nuestras autoridades electorales. Vivimos momentos en que las tensiones políticas por un proceso electoral que se avecina se prestan para que algunos actores políticos locales que participan en la contienda busquen provocar el desprestigio y desacreditación del proceso electoral”, indica el documento.
Los exmandatarios señalaron que Costa Rica “es la más antigua democracia ininterrumpida de América Latina y una de las pocas democracias plenas del mundo”.
“La solidez, independencia y profesionalismo de sus instituciones electorales han sido reconocidas a nivel internacional, de lo cual dan crédito los informes de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el país ha recibido de manera ininterrumpida desde 1962”, indica la comunicación.
El documento señala que la investigación contra Chaves por beligerancia que se sigue en el Congreso a petición del TSE “contempla garantías rigurosas que incluyen la posibilidad de descargo por parte del señor presidente Chaves y una votación calificada, evitando así su politización”.
El político de Estados Unidos, integrante de la Cámara de Representantes —también conocida como Cámara Baja—, destacó ayer en una publicación de X su inquietud, aseverando que remover a un presidente a pocos meses de las elecciones nacionales “mediante mecanismos ambiguos pone en riesgo la legitimidad democrática y envía una señal alarmante”.
“Como presidente del subcomité encargado de proporcionar la asistencia exterior para respaldar la democracia y a nuestros aliados, me preocupa profundamente la situación que se está desarrollando en Costa Rica. La posibilidad de que un presidente en funciones —en una de las democracias más estables y consolidadas de la región— pueda ser apartado por expresiones políticas, mediante procedimientos cuya base constitucional es cuestionable, genera serias inquietudes”, dijo Díaz-Balart.
En ese sentido, el político destacó que Costa Rica ha sido durante mucho tiempo un referente democrático y un socio fundamental de Estados Unidos en áreas como seguridad, incluida la lucha contra el narcoterrorismo, el combate al crimen internacional, la gestión de la migración y la atención de amenazas “antiestadounidenses”.
“Debido a estas graves preocupaciones, he solicitado una reunión informativa con la embajadora de Costa Rica, Catalina Crespo, para conocer de primera mano lo que está ocurriendo. Este es un momento que exige transparencia, claridad y un firme compromiso con los principios democráticos”, afirmó el funcionario.
El congresista estadounidense visitó Costa Rica a finales de julio y se reunió con el presidente Rodrigo Chaves.
Los diputados analizan una solicitud del TSE para levantar la inmunidad del presidente Chaves y permitir que sea investigado por el presunto delito de beligerancia política, una figura que sanciona el uso de recursos públicos o manifestaciones electorales para favorecer a un partido o candidatura.
De ser encontrado culpable, Chaves podría ser inhabilitado para ejercer cargos en el Gobierno por hasta cuatro años, e incluso separado del cargo de presidente.
Esta es la segunda ocasión que Chaves enfrenta un proceso de esta naturaleza en lo que va del año. En el anterior proceso, relacionado con el supuesto delito de concusión —una forma de corrupción—, la moción no obtuvo los votos suficientes para prosperar en el plenario.
Chaves, quien ha insistido en que es víctima de una persecución política, aseguró que enfrentará este nuevo proceso “con la verdad, con la lógica y con el escrutinio de la razón”.
