Enviar
Jueves 25 Junio, 2015

Evitemos el caos en infraestructura

Lo peor que puede suceder en cualquier relación es la pérdida de confianza y, en este sentido, esta máxima también se da a nivel institucional y también en los estilos de Gobierno.
En materia de desarrollo vial cabe destacar el daño hecho en la Administración anterior a la figura de concesión de obra pública, amén del problema en sí que tiene esta figura al ser tan rígida y no permitir otras formas más ágiles para llevar a cabo la implementación de las obras que nuestra nación requiere, por medio de esquemas financieros más ágiles.


El manejo político de la Administración Chinchilla fue bastante poco claro a la hora de defender el proyecto de concesión de la ruta San José – San Ramón, que llevó a intereses particulares a que con el apoyo de “Fuente Ovejuna”, es decir de un pueblo poco informado o del todo no informado, con el manejo “inteligente” de los medios de información y por medio de las estrategias del uso de la mente colectiva distorsionada, traerse al suelo el proceso licitatorio que iba dar una solución al perenne problema que viven los usuarios de dicha carretera, con accesos apropiados a las principales ciudades de la ruta, entre otras cosas.
Los argumentos utilizados para ello fueron muchísimos, desde una tarifa desproporcionada, hasta un sinfín de razones adicionales.
Lo curioso es que a hoy parece que dicha tarifa no estaba tan errada, ya que informes de prensa que circulan indican que pareciera que se podría estar cobrando aproximadamente una tarifa 1,5 veces más alta a la que se estimaba hace dos años, y pareciera que todavía no se tienen claros los diseños finales que se irían a implementar.
Como se nos hace ver, hoy en día la implementación de este proyecto está, grosso modo, en manos de los bancos, por medio de la figura de un fideicomiso.
¿Hasta dónde vamos a llegar con la implementación de ideas a base del “calor del momento”, producto del manejo inapropiado de ciertos grupos de presión?
Es hora que de manera responsable se modifique la Ley de Concesión de Obra Pública, para que al Consejo Nacional de Concesiones se le permita en primer instancia modificar su nombre, y a su vez a este ente estatal poder, en forma técnica, promover la mejor figura de financiamiento viable, según las condiciones del mercado financiero y estratégicas técnicas aplicables y convenientes para el Estado costarricense, y así llevar a cabo, por medio de la Asociación Institucional Pública y Privada las obras públicas, sean nuevas o existentes, para el desarrollo del país.
Desarrollo que debe tener un porqué, que debe ser planificado y que debe responder a la técnica, y no ser producto del caos, en donde algunos grupos particulares encuentran su “agosto”, pero a grandes costos para la población, a como se percibe que está siendo hoy en día.

Randall Castro Vargas
Economista