Nuria Marín

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Lunes 31 Marzo, 2008

Creciendo [email protected]

En defensa de la propiedad

Nuria Marín

Recuerdo mis primeros pasos en las aulas universitarias a las que llegué sin la mayoría de edad, con grandes ilusiones e ideales, convencida de que como futura abogada, luchadora y comprometida, podría aportar en la construcción de un mejor país.
Si alguna duda tenía sobre la decisión tomada, esta fue solventada al comprender el valor, trascendencia y responsabilidad que nos corresponde a los estudiosos del derecho perfectamente enunciados por Eduardo J. Couture en el decálogo del abogado/a. Cito mis dos mandatos preferidos: “Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustituto bondadoso de la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz”. “Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres conflicto del derecho con la justicia, lucha por la justicia”.
Es evidente el papel que los profesionales en derecho estamos llamados a desempeñar como defensores de la paz, la libertad, y sobre todo de la justicia. Mayor responsabilidad aún les corresponde a aquellos que desempeñan la notaría pública pues como fedatarios públicos, son pilares esenciales de la seguridad ciudadana.
Resulta por ello doloroso y preocupante el que se haya evidenciado la existencia de grupos pequeños, pero alarmantemente crecientes, de notarios que sistemáticamente burlan, abusan, y violentan las leyes a cambio de jugosos beneficios económicos. Concretamente los casos de matrimonios por poder como mecanismo para obtener la nacionalidad (mi columna anterior), adopciones directas (tema que amerita un artículo aparte), y el robo de propiedades al que me refiero en esta ocasión.
En una acuciosa cobertura realizada por el periodista Carlos Jesús Mora, LA REPUBLICA nos ilustraba cómo existen bandas de notarios que estafan mediante inscripciones fraudulentas así como las debilidades para enfrentar el problema del Ministerio Público, Poder Judicial, Registro Público, Dirección General de Notariado. En palabras de su directora Alicia Bogarín, la pérdida de control es tan grande que el problema raya en emergencia nacional.
Un plan de acción requiere un enfoque integral: educación en valores a la sociedad en general y de ética a nivel profesional; fortalecer las diferentes instituciones mediante la asignación de recursos, entre otros, más personal, programas de capacitación, apoyo tecnológico, nueva legislación adecuada a los tiempos que incluya sanciones más fuertes para los infractores.
El problema es grave y requiere atención inmediata. Nos encontramos ni más ni menos frente a la defensa de un derecho constitucional fundamental como lo es la propiedad privada, base fundamental de la paz y la convivencia humana. Aún estamos a tiempo. Bajo la conducción de la ministra Laura Chinchilla, mujer honesta y luchadora, podemos evitar que el problema se nos vaya de las manos.


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