Empresarios sostienen su insatisfacción con propuesta para reformar ley de aduanas
Solicitan que no se confunda con que el texto es a raíz de un presunto consenso del sector productivo.
A pesar de avanzar en la Comisión de Asuntos Económicos, aún de parte del sector productivo insisten en que la nueva ley de Aduanas se queda corta en agilizar procesos y combatir contrabando.
La reforma pretende, a través de mejores instrumentos, facilitar el comercio, fortalecer la lucha contra el contrabando, reforzar los mecanismos de gestión de riesgo aduanero y mejorar la recaudación de impuestos.
Por ejemplo, ordena la suspensión a auxiliares de la función pública aduanera, que participen de manera reincidente en actos ilícitos y el cierre del negocio a importadores que no acrediten importaciones legales; y con elementos tecnológicos, pretenden detectar ingresos irregulares de mercancías.
La Cámara de Exportadores no aprueba la totalidad del texto sustitutivo, pues creen que las mejoras señaladas por la organización no se encuentran del todo resueltas.
“Agradecemos las mejoras incorporadas al proyecto, sin embargo, manifestamos que el texto sustitutivo necesitará cambios para que cumpla con los objetivos planteados”, colocaron en un comunicado.
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Anteriormente, Laura Bonilla, presidenta de esa Cámara, reclamó que contempla la implementación de sistemas de inspección no intrusivos como una responsabilidad para administrados y no como una responsabilidad exclusiva del Servicio Aduanero, por lo que, al ampliar esta obligación a las empresas privadas, provoca que el proyecto de ley no está acorde a las regulaciones tanto nacionales como internacionales en materia de aduanas.
Comerciantes concuerdan en que aún no soluciona los problemas existentes a nivel aduanero, e inclusive ,algunas de sus propuestas son opuestas a la facilitación de comercio.
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Por ejemplo, las disposiciones que contiene el proyecto para la lucha defraudación y el contrabando no son suficientes para contrarrestar dichas prácticas, la Autoridad Aduanera no debe tener autoridad para cerrar negocios, esta es una potestad conjunta del Poder Judicial, mencionó Jairo Mena, asesor económico de la Cámara de Comercio.
"Se ha sostenido que el nuevo texto sustitutivo contiene aportes de diferentes actores, incluyendo cámaras empresariales; lo que podría inducir a una conclusión errónea sobre un consenso generalizado sobre el mismo; sin embargo, no es así", agregó Mena.
Entre los cambios que contempla el proyecto impulsado por Hacienda, y que forma parte de los acuerdos con el FMI, destacan: