Empresarios proponen reducir gradualmente cargas sociales que no tienen relación con la CCSS para proteger el empleo
Costa Rica pague el doble de lo que se exige en la OCDE, o Club de los Países Ricos
Para proteger el empleo y permitir que más empresas puedan salir adelante, el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) hizo hoy una propuesta de disminución gradual de las cargas sociales.
Se trata, eso sí, de las obligaciones con la seguridad social que no tienen relación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que hoy encarecen el empleo formal en 7,25 puntos porcentuales, lo que provoca que Costa Rica pague el doble de lo que se exige en la OCDE, o Club de los Países Ricos.
“Costa Rica mantiene una de las estructuras de contribuciones patronales más elevadas de la región. Actualmente, las contribuciones patronales equivalen al 26,83% del salario bruto, porcentaje que incide directamente en el costo de contratación formal y forma parte de los factores que las empresas consideran al momento de invertir, expandirse o generar nuevos empleos”, indicó el Consejo.
Se trata de cargas sociales que hoy sirven para financiar el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
La idea es que esa contribución se traslade paulatinamente al Estado.
“El costo de formalizar un empleo decide cuántas personas quedan dentro o fuera de la protección social. Reducir ese costo no representa un beneficio para las empresas, sino la vía más directa para que más personas —sobre todo mujeres y jóvenes— accedan a un empleo formal, protegido y de calidad, sin debilitar el financiamiento de los programas sociales”, explicó Rodrigo Cubero, coordinador del grupo de trabajo sobre contribuciones patronales del Consejo de Promoción.
Ante este panorama, estas son las alternativas planteadas por el Consejo de Promoción de la Competitividad:
• Reducción universal inmediata: reducir los 7,25 puntos porcentuales a todas las empresas desde el primer año de implementación.
• Reducción universal gradual: reducir los 7,25 puntos porcentuales a todas las empresas de forma gradual durante un período de cinco años.
• Reducción progresiva inmediata: reducir los 7,25 puntos porcentuales a las micro y pequeñas empresas, y aplicar reducciones menores a empresas medianas y grandes.
• Reducción progresiva gradual: la reducción sería mayor para las empresas más pequeñas y se aplicaría de forma gradual durante un período de cinco años.
