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Tras aseverar que es fundamental frenar el contrabando, la evasión y el comercio ilícito para proteger el empleo formal,varios empresarios se pusieron del lado del gobierno de Laura Fernández en la lucha fiscal que fue anunciada este miércoles.
El gobierno pretende evitar que la deuda pública se salga de control ante la reducción de los ingresos. La relación deuda/PIB se ubicó en 60,5% al cierre de mayo, ligeramente por encima del 60,4% registrado al finalizar el 2025.
Para ello, Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, dio a conocer un plan de 24 acciones que incluye decretos, propuestas de ley y acciones administrativas.
El primer paquete de proyectos se presentaría hoy al Congreso.
“Combatir el contrabando y el comercio ilícito es proteger la economía nacional, el empleo formal y el esfuerzo de miles de empresas que todos los días cumplen con la ley. Desde la Cámara de Comercio Exterior respaldamos esta iniciativa y reiteramos nuestra disposición de trabajar hombro a hombro con el Gobierno y con las autoridades competentes para fortalecer los procesos aduaneros, la trazabilidad de las cargas y la efectividad de los controles”, afirmó Rodney Salazar, presidente de CRECEX.
Una de las iniciativas, por ejemplo, busca eliminar la impunidad en materia aduanera y tributaria, ya que, hoy día, un 80% de las infracciones carece de una sanción efectiva en el marco legal vigente.
Otro proyecto de ley busca frenar la emisión de facturas falsas para la declaración de impuestos. Hoy día, empresas pequeñas, medianas y grandes aprovechan los portillos legales existentes para ahorrarse miles de millones de colones en el pago de tributos, a la vez que Hacienda está atada de manos porque los procesos de reclamo duran años en resolverse, lo que permite que los infractores sigan operando en la impunidad.
En ese sentido, se presentará un proyecto de ley para suspender la capacidad de facturación de estos contribuyentes una vez detectada la irregularidad.
Asimismo, hay una guerra declarada contra el contrabando.
“Combatir el comercio ilícito y el contrabando no solo significa mejorar la recaudación del Estado. Significa proteger a las empresas formales y, sobre todo, a los miles de trabajadores cuyos empleos dependen de organizaciones que cumplen con todas sus responsabilidades. Cada acto de comercio ilícito representa una ventaja indebida frente a quienes generamos empleo formal, pagamos impuestos, cotizamos a la seguridad social y realizamos las inversiones necesarias para operar dentro del marco legal”, señaló Maritza Hernández, presidenta de UCCAEP.
Por otra parte, el gobierno dejó entrever que insiste en la idea de eliminar la exoneración de los 289 bienes y servicios de la canasta básica. Hoy día, los productos que se usan para medir la inflación pagan un 1%.
Eso sí, el gobierno de Laura Fernández planearía la devolución del tributo para las familias más pobres.
El sector empresarial formal costarricense genera cientos de miles de empleos, impulsa la inversión y contribuye diariamente al desarrollo nacional mediante el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, laborales, sociales y regulatorias.
Sin embargo, ese esfuerzo se ve constantemente afectado por quienes operan al margen de la legalidad, evaden impuestos, introducen mercancías de contrabando y comercializan productos sin cumplir las normas que sí se exigen al empresario formal.
“Esta ha sido una lucha que el sector productivo ha impulsado durante muchos años. Celebramos que el Gobierno presente acciones concretas para combatir el comercio ilícito y el contrabando, porque fortalecen al comercio formal, protegen la recaudación fiscal y debilitan las estructuras del crimen organizado. Desde la Cámara de Comercio de Costa Rica reiteramos nuestro compromiso de colaborar para que estas medidas generen resultados efectivos para el país”, afirmó Arturo Rosabal, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
