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El izquierdista Pedro Castillo mantiene una ligera ventaja frente a la derechista Keiko Fujimori en el ajustado conteo de las elecciones presidenciales de Perú.
Con el 98,33% de las actas contabilizadas, Castillo suma el 50,2% de apoyos por el 49,7% de Fujimori.
Fujimori había llevado ventaja durante parte del conteo, pero los márgenes se fueron estrechado cada vez más con la entrada del voto rural, favorable a Castillo, que supera a su rival por poco más de 100.000 votos.
La candidata derechista habló el lunes de "fraude", pero no aportó pruebas.
Este martes un gran número de simpatizantes de los partidos de ambos candidatos se acercaron a las inmediaciones de la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Efectivos de la policía resguardan todo el perímetro de la ONPE ante posibles excesos.
La tensión aumenta porque el ritmo del conteo se ha ralentizado. Lo último que terminará por contabilizarse será el voto del extranjero, que puede ser decisivo.
Además, según la ONPE, hay 483 actas impugnadas enviadas al jurado electoral. Cada acta cuenta con entre 200 y 300 electores. En total son 1.384 actas, incluyendo las que tienen errores de material, las que serán revisadas por la autoridad.
Y se espera que ante lo ajustado del resultado los candidatos peleen por la revisión de todas ellas.
Ambos candidatos hablaron durante la jornada electoral e hicieron un llamado de prudencia, tranquilidad y respeto.
Este lunes, sin embargo, Fujimori aseguró en una rueda de prensa que han detectado una serie de irregularidades en el proceso electoral realizado el domingo. "Nos preocupa" y es "importante evidenciarlo", dijo, y pidió a los ciudadanos que denuncien los casos que conozcan.
La candidata de derecha atribuyó esas presuntas irregularidades al partido Perú Libre, el de su rival Castillo.
"Hay indicios de fraude en la mesa, que para nosotros es considerado inaceptable. Es algo que es planificado, sistemático, por eso es importante alertar a la ciudadanía para que nos avise si ha habido algún otro suceso", dijo Fujimori.
Desde Perú Libre rechazaron estas declaraciones en un mensaje en Twitter al asegurar que la formación "jamás recurrió al fraude electoral".
"Por el contrario, siempre fue víctima de este, y pese a todo supimos enfrentar y vencer", escribieron.
Más tarde, el propio Castillo en un mensaje en Twitter aseguró: "Debemos estar atentos para defender la democracia que se expresa en cada uno de los votos, dentro y fuera de nuestro amado Perú. No podemos descansar. Que esta vigilia histórica permita el renacer de un nuevo país".
Ya el martes, frente a un grupo de sus seguidores, Castillo afirmó que su gobierno será "respetuoso" de la democracia y de la Constitución Política de 1993, y garantizó estabilidad financiera y económica.
Perú está profundamente dividido entre dos candidatos opuestos en medio de una triple crisis sanitaria, económica y política.
De hecho, los resultados están poniendo de manifiesto la fuerte división entre la capital, Lima, y el norte frente al interior del país, que ha impulsado el inesperado ascenso de Castillo.
Los comicios más polarizados en décadas siguen a una tormenta política que provocó que hubiera cuatro presidentes en cinco años, así como protestas y múltiples denuncias de corrupción contra políticos.
Todo ello en medio de la pandemia de coronavirus que tiene a Perú como el país del mundo con más muertes per cápita.
Castillo, un profesor de primaria de 51 años que propone reescribir la Constitución de Perú para fortalecer el papel del Estado en la economía, se ha convertido en la sorpresa de la elección y su ascenso genera incertidumbre a los inversionistas y las élites más acomodadas del país minero.
En un comunicado el lunes, el postulante de izquierda dijo que si gana la presidencia respetarála autonomía del banco central, "que ha realizado una buena labor manteniendo la inflación baja durante más de dos décadas".
Asimismo, reiteró que no han considerado "estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, controles de cambios, controles de precios o prohibición de importaciones".
Castillo se presenta como el candidato del pueblo en un momento en el que la crisis por el coronavirus ha agudizado las desigualdades de un país que no ha hecho partícipes a todos del buen momento macroeconómico que disfrutó los últimos años antes de la pandemia.
Fujimori, de 46 años e hija mayor del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori, promete mantener el modelo de libre mercado en su tercer intento por llegar al poder y convertirse en la primera mujer presidenta de Perú.
"El cambio en el país lo tiene que buscar gane quien gane, no hay un ganador o perdedor, lo que se tiene que buscar finalmente es la unidad de todos los peruanos. Invoco a la prudencia, la calma, la paz a ambos grupos", dijo el domingo la candidata de derecha antes de hablar de evidencias de "fraude sistemático" el lunes.
Fujimori tiene una acusación fiscal de "lavado de activos" por presuntos aportes irregulares durante anteriores campañas presidenciales que ella niega. Si gana, el caso podría detenerse.
La elección se celebra en un momento en que el coronavirus ha desbordado a los hospitales con escasez de suministros y equipos médicos. El gobierno duplicó hace unos días la cifra de muertos por el virus hasta los 180.764 fallecidos, la mayor tasa de mortalidad del mundo por total de habitantes.
Perú además transitó una de sus peores crisis en noviembre de 2020 con tres presidentes en una semana y fuertes protestas que dejaron dos muertos, tras un duro choque entre el Congreso y el gobierno.
Un resultado electoral demasiado estrecho podría ser puesto en duda por ambos candidatos, según analistas. En la elección de 2016, Fujimori perdió por apenas un 0,24% de los votos ante Pedro Pablo Kuczynski.
La incertidumbre ya está teniendo consecuencias económicas: la moneda peruana, el sol, cayó el lunes a un nuevo mínimo histórico, mientras que la bolsa de Lima se hundió.
Los analistas también afirman que quien gane tendrá un mandato debilitado, dadas las fuertes divisiones existentes en Perú, y se enfrentará a un Congreso fragmentado en el que ningún partido tendrá mayoría, lo que podría paralizar cualquier reforma importante.
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