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Tras denunciar que su inversión está en riesgo y que urge detener “una progresiva expropiación de facto” que podría resultar en pérdidas superiores a los $125 millones, los propietarios canadienses de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. (EBI), dirigido por Gestion Bayonne Inc. (GBI), iniciaron un proceso de arbitraje internacional.
La denuncia contra el Estado costarricense fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en virtud del tratado de protección de inversiones entre Canadá y Costa Rica.
La empresa, además, advirtió que la situación puede derivar en “una crisis nacional de gestión de residuos”, especialmente tras el cierre proyectado del Parque de Tecnología Ambiental (PTA) La Uruka a finales de este año.
“EBI ha cumplido rigurosamente con todas las normativas ambientales y legales para desarrollar proyectos esenciales que garanticen la continuidad del servicio. Nuestro compromiso con Costa Rica es firme, pero nos vemos forzados a acudir a arbitraje internacional ante la imposibilidad de avanzar por la vía administrativa”, señaló Julien Charbonneau, gerente general de EBI de Costa Rica.
La decisión responde a “decisiones arbitrarias” por parte de las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro, según la empresa, quien acusó a esos municipios de realizar una campaña “perpetua y sesgada” contra EBI.
Esto ha impedido el avance de nuevos proyectos de tratamiento de residuos, a pesar de contar con todos los permisos ambientales y legales requeridos.
“Durante más de dos décadas, EBI ha sido un aliado estratégico de Costa Rica en la gestión moderna, sostenible y segura de residuos sólidos, operando tres Parques de Tecnología Ambiental (PTA) y tratando cerca del 65% de los residuos generados en el país. Sin embargo, la imposibilidad de habilitar nuevos centros de tratamiento amenaza con detener sus operaciones en el corto plazo”, agregó la empresa.
Finalmente, EBI y GBI manifestaron su interés en seguir colaborando con el gobierno en todos los niveles y, de esta forma, buscar una solución responsable, legal y oportuna que permita proteger el bienestar de la población costarricense y el ambiente.
“Seguimos abiertos al diálogo con las autoridades y confiamos en que este proceso permita retomar el camino de la colaboración para enfrentar juntos los desafíos del país en materia de residuos”, añadió Charbonneau.
