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Disputa por huelgas

| Sábado 17 agosto, 2013


El Código Procesal Laboral representa riesgos para las empresas que quieran apostar por Costa Rica en el futuro, indicó Mónica Segnini, presidenta de Cadexco. Marco Monge/La República


Cambio legal abre puertas a más protestas

Disputa por huelgas

Empresarios y grupos de trabajadores defienden intereses

Más huelgas, impunidad ante los movimientos de protesta ilegales y sobre todo afectación directa a los patronos, son parte de las preocupaciones que existen entre los empresarios del sector productivo nacional con el proyecto del Código Procesal Laboral.

Esta propuesta de ley ya fue aprobada por la Comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa, y ahora hace fila para su votación.
Una de las preocupaciones más grandes entre los empresarios es el tema de las huelgas, que fue introducido por sindicatos al proyecto de ley y que abre la puerta para que se organicen movimientos de protesta con facilidad en el país.
Por ejemplo, si usted tiene 200 empleados y llegan solo 60 a la reunión y de esos, 31 deciden que hay huelga, entonces se legaliza el movimiento.
Otro punto está contenido en el artículo 371 del proyecto, que establece la posibilidad —para los empleados del sector privado— de ir a huelga no solo por conflictos jurídicos o económicos sino también por razones sociales.
Estamos de acuerdo con que el trabajador debe ser protegido en sus derechos en términos económicos y sociales, no queremos que se violenten sus derechos, pero qué pasa si un grupo de empleados quiere que se le den más beneficios a una convención colectiva y por eso decide hacer huelga, quedamos desprotegidos, afirmó Mónica Segnini, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica.
Esto representa un riesgo para el sector empresarial ya que por simples diferencias o por descontentos de tipo social los trabajadores se podrían amparar en la ley y organizar huelgas.
Se trata de una irresponsabilidad, la reforma está entre otros acordada y negociada por Uccaep, si se dividieron es un problema interno de los empresarios y no deberían meterse con una legislación tan importante, aseveró Albino Vargas, secretario general de la ANEP.
Además, el artículo 384 establece la impunidad de las huelgas ilegales, lo que quiere decir que si en una empresa un grupo de empleados hace un paro y tiempo después un juzgado lo declara ilegal entonces el patrono no puede tomar medidas y debe pagar los días a quienes formaron parte del movimiento.
El problema es que en este país no podemos resolver todos los conflictos por medio de huelgas, más bien se deberían buscar otras alternativas para que no se de este tipo de diferencias con los trabajadores, agregó Segnini.
Pero la propuesta de ley justamente plantea nuevas formas para resolver los problemas entre patronos y trabajadores.
El Código introduce nuevos procesos para regular los juicios laborales, de esta forma se permitirá realizar audiencias orales en las que tanto patronos como empleados puedan defender sus puntos y de esta forma se resolverán las disputas más rápido que en la actualidad.
Sin embargo, más allá de las mejoras a los procedimientos laborales, existen factores que podrían afectar los intereses de las empresas que deseen establecer operaciones en el país a futuro.
La facilidad con que se podría organizar una huelga, la obligación de pagar a los trabajadores aunque vayan a manifestarse y la imposibilidad de sancionarlos si el movimiento se declara ilegal, son factores que para los empresarios ponen en riesgo su seguridad.
En el sector privado se permitiría con mayores libertades y con respaldo legal que las huelgas se prolonguen durante varios días, y de esta forma se afecta directamente la producción de las compañías.
Incluso la propuesta establece que en ocasiones se les deben conceder días libres de recuperación después de la huelga a los empleados.
Por el momento no lo estamos viendo así. Más bien este proyecto nos pone a tono con una exigencia de la OIT para cumplir con algunas resoluciones de ellos, explicó Luis Gerardo Villanueva, presidente de la Comisión de Jurídicos.

Manuel Avendaño
mavendano@larepublica.net







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