Debate sobre uso del agua resurge en el Congreso
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Sábado 10 mayo, 2008
En julio el Poder Ejecutivo presentará un texto sustitutivo al proyecto que fue dictaminado en 2005
Debate sobre uso del agua resurge en el Congreso
• Proceso de concesión se vería modificado para hacerlo más ágil
Carlos Jesús Mora
cmorah@larepublica.net
La discusión sobre el uso del agua resurgió nuevamente en el Congreso.
A pesar de que ya existía una iniciativa dictaminada desde 2005, el Gobierno decidió elaborar un nuevo texto sustitutivo al proyecto de Ley de Recurso Hídrico, que contemple subsanar “algunos vacíos”.
La propuesta se presentaría a mediados de julio, pues aún es revisada por una comisión interinstitucional antes de su envío a Cuesta de Moras.
Sin embargo, el Ejecutivo asegura que el nuevo texto no tendría una implicación directa sobre el uso actual del líquido por parte de las empresas y el sector productivo.
Incluso el proceso actual de concesión para la explotación privada sería el mismo y solo se le adjudicarían algunas modificaciones que lo harían más ágil.
“En realidad el proyecto no implica ninguna modificación sobre la concesión que se otorga para la utilización del agua, lo que buscamos es incluir aspectos relacionados al cambio climático y la creación de una superintendencia del recurso hídrico”, dijo Roberto Dobles, ministro del Ambiente y Energía.
Para un grupo importante de diputados la variación garantiza la preservación de uno de los recursos naturales más importantes del país.
No obstante el Movimiento Libertario lo cataloga como un límite a la competitividad, cuestionando que los agricultores o ganaderos deberían de pagar por el uso que dan a este bien en sus propiedades.
Pero Maureen Ballestero, legisladora liberacionista afirma que el argumento de los detractores no es válido, esto porque la utilización actual de una fuente o manantial debe hacerse mediante concesión.
“El cambio no implica que se impedirá el acceso del sector privado a su uso, no cambiará la explotación como tal, todo seguirá mediante otorgamiento de permisos”, dijo la diputada.
Andrei Bourrouet, gerente corporativo de Ambiente y Sistema de Gestión de Holcim, coincidió con Ballestero y apeló a que la ley es urgente tomando en cuenta el panorama actual.
“La legislación actual sobre el agua data de 1942, debe de existir una autoridad que regule el uso del agua y que fiscalice además los procesos de tratamiento residual en las empresas, así como las aguas subterráneas, esperemos que por bien del país la iniciativa no encuentre muchos tropiezos en el Congreso”, dijo Bourrouet.
El proyecto persigue además una reforma a la Constitución Política que establezca el agua como un bien de dominio público, de propiedad exclusiva del Estado, pero en la actualidad, ese principio está establecido en varias leyes ambientales y en sentencias de la Sala IV.
Dobles aseguró que el proyecto se elaboró en el transcurso del último año entre el Poder Ejecutivo y representantes del sector privado.
Una vez en el Congreso los diputados buscarán la forma de agilizar la discusión de este proyecto, ya sea mediante la aplicación de un mecanismo abreviado o depositando su debate en una comisión especial con tiempo definido.
Debate sobre uso del agua resurge en el Congreso
• Proceso de concesión se vería modificado para hacerlo más ágil
Carlos Jesús Mora
cmorah@larepublica.net
La discusión sobre el uso del agua resurgió nuevamente en el Congreso.
A pesar de que ya existía una iniciativa dictaminada desde 2005, el Gobierno decidió elaborar un nuevo texto sustitutivo al proyecto de Ley de Recurso Hídrico, que contemple subsanar “algunos vacíos”.
La propuesta se presentaría a mediados de julio, pues aún es revisada por una comisión interinstitucional antes de su envío a Cuesta de Moras.
Sin embargo, el Ejecutivo asegura que el nuevo texto no tendría una implicación directa sobre el uso actual del líquido por parte de las empresas y el sector productivo.
Incluso el proceso actual de concesión para la explotación privada sería el mismo y solo se le adjudicarían algunas modificaciones que lo harían más ágil.
“En realidad el proyecto no implica ninguna modificación sobre la concesión que se otorga para la utilización del agua, lo que buscamos es incluir aspectos relacionados al cambio climático y la creación de una superintendencia del recurso hídrico”, dijo Roberto Dobles, ministro del Ambiente y Energía.
Para un grupo importante de diputados la variación garantiza la preservación de uno de los recursos naturales más importantes del país.
No obstante el Movimiento Libertario lo cataloga como un límite a la competitividad, cuestionando que los agricultores o ganaderos deberían de pagar por el uso que dan a este bien en sus propiedades.
Pero Maureen Ballestero, legisladora liberacionista afirma que el argumento de los detractores no es válido, esto porque la utilización actual de una fuente o manantial debe hacerse mediante concesión.
“El cambio no implica que se impedirá el acceso del sector privado a su uso, no cambiará la explotación como tal, todo seguirá mediante otorgamiento de permisos”, dijo la diputada.
Andrei Bourrouet, gerente corporativo de Ambiente y Sistema de Gestión de Holcim, coincidió con Ballestero y apeló a que la ley es urgente tomando en cuenta el panorama actual.
“La legislación actual sobre el agua data de 1942, debe de existir una autoridad que regule el uso del agua y que fiscalice además los procesos de tratamiento residual en las empresas, así como las aguas subterráneas, esperemos que por bien del país la iniciativa no encuentre muchos tropiezos en el Congreso”, dijo Bourrouet.
El proyecto persigue además una reforma a la Constitución Política que establezca el agua como un bien de dominio público, de propiedad exclusiva del Estado, pero en la actualidad, ese principio está establecido en varias leyes ambientales y en sentencias de la Sala IV.
Dobles aseguró que el proyecto se elaboró en el transcurso del último año entre el Poder Ejecutivo y representantes del sector privado.
Una vez en el Congreso los diputados buscarán la forma de agilizar la discusión de este proyecto, ya sea mediante la aplicación de un mecanismo abreviado o depositando su debate en una comisión especial con tiempo definido.