Cumplir con las metas anuales definiría la permanencia de los mandos medios en el gobierno de ahora en adelante gracias a un “sistema riguroso de evaluación incluido en la ley de empleo público”, según Pilar Garrido, ministra de Planificación.
Se trataría de mejorar los servicios que brindan las instituciones, al contar los jerarcas que respondan a criterios de idoneidad y no que permanezcan en sus cargos por antigüedad.
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Los nombramientos se harían por períodos máximos de seis años, con posibilidad de una prórroga anual que estaría sujeta a la evaluación bajo el criterio que “a mayor responsabilidad, mayor rigurosidad”.
La medida de acatamiento obligatorio abarcaría a jefaturas, subgerencias, gerencias y directivos de todas las instituciones públicas.
Todavía no se tienen claros los detalles sobre cómo evaluar desempeño, pero la máxima autoridad institucional, los subalternos de los mandos medios y la ciudadanía —mediante la Contraloría de Servicios— asignarían una nota, las que se uniría a otra calificación que surgiría del cumplimiento de metas.
La evaluación de desempeño afectaría también a los trabajadores ordinarios del sector público que podrían ser despidos sin responsabilidad patronal al obtener dos calificaciones consecutivas menores a 70 en su desempeño.
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Los proyectos son respaldados por el sector productivo, que promueve una mayor eficiencia del Estado y recorte en el gasto público.
En cuanto a los diputados, no sería posible evaluarlos y relevarlos de sus funciones con la futura ley, ya que la Constitución Política los protege, mientras que en el caso de los ministros corresponderá al presidente Carlos Alvarado determinar si uno de ellos merece ser despedido.
La ley de empleo público que discuten los diputados es complementaria al plan fiscal que se aprobó el año pasado.
La primera establece un salario único por puesto laboral, además de un nuevo sistema de medición y rendición de cuentas, mientras que la otra normativa ajusta los pluses salariales que reciben los burócratas.
Recuadro 1:
Respaldo
El gobierno y el sector productivo coinciden en la necesidad de hacer más eficiente la labor de los funcionarios públicos.
Pilar Garrido
Ministra
Planificación
A mayor responsabilidad, mayor rigurosidad y exigencia en la evaluación del desempeño.
Hoy en día no se evalúa con respecto a las metas ni a las competencias, por ello la evaluación actual no tiene una incidencia directa en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
El nuevo instrumento de evaluación sí tiene esa vinculación con la calidad, por lo que esperamos que incida directamente en una mejor entrega de bienes y servicios a la ciudadanía y un mejor cumplimiento de metas institucionales.
Francisco Gamboa
Director Ejecutivo
Cámara de Industrias
Destaca que el proyecto se fundamenta en el establecimiento de un salario global que se plantea de carácter competitivo y uniforma los criterios de evaluación, buscando una mayor eficiencia de los servicios y de la institucionalidad pública.
También procura mejorar los sistemas de reclutamiento y selección, necesarios para garantizar idoneidad en el recurso humano.
Alonso Elizondo
Director Ejecutivo
Cámara de Comercio
Se trata de un buen primer paso, pero a todas luces insuficiente para lograr un equilibrio de las finanzas púbicas.
Instamos a realizar mayores esfuerzos que permitan obtener mejores resultados en la reducción del gasto público. Asimismo, como complemento a este proyecto de ley se deben presentar otras iniciativas para revisar la labor y eficiencia de las instituciones del estado.
Álvaro Sáenz
Vicepresidente
UCCAEP
Confiamos en que el proyecto de empleo público permita una mayor eficiencia del estado.
Esperamos que la iniciativa no se desvirtúe y que se tramite rápido, ya que es fundamental contar con mejores evaluaciones de desempeño y eficiencia.
Debemos acabar con esquemas desmotivantes en el sector público, pues esto ahuyenta el talento de ciudadanos comprometidos que podrían aportar mucho, pero en ocasiones la sociedad termina siendo administrada no precisamente por la gente más competente, comprometida y motivada con su trabajo.
Los cambios
La ley de empleo público que se discutirá en el Congreso establece varios cambios en el esquema laboral de los burócratas, mientras que el plan fiscal introdujo ya una serie de ajustes en cuanto a sus remuneraciones.
Ley empleo público
- Crear nuevos incentivos es prohibido
- Despedir a empleados que tengan dos calificaciones menores de 70
- Establecer un salario único para todo sector público con ocho regímenes específicos
- Fijar en 12 años, en vez 20, la cesantía
- Mejorar sistema de reclutamiento
- Uniformar nuevos criterios de evaluación
Plan fiscal
- Congelar los salarios por encima de ₡4 millones
- Fijar la anualidad como un monto y no un porcentaje adicional de hasta el 7% al año
- Eliminar la modalidad de pago bisemanal que otorga más salarios al año
- Eliminar pago doble de discrecionalidad y confidencialidad
- Rechazar pago doble de incentivo por prohibición y dedicación exclusiva
- Reconocer puntos por carrera profesional solo cuando capacitación se hace fuera de instituciones de gobierno
- Ubicar el plus de dedicación exclusiva entre 10% y 25%, a cambio del máximo actual del 50%
Diferencias abismales
Las anualidades en el sector público han generado un abismo entre funcionarios públicos que ocupan los mismos puestos, a tal punto que las diferencias en cuanto a las remuneraciones alcanzan los ₡800 mil para puestos no profesionales y ₡3 millones para trabajadores profesionales, según la Contraloría (trayectoria se refiere a años laborados, porcentaje se refiere a la cantidad de burócratas que reciben cierta cantidad de anualidades).
| Trayectoria | Porcentaje |
|---|
| 0-4 | 18,6 |
| 5-9 | 18,6 |
| 10-14 | 10,5 |
| 15-19 | 12,3 |
| 20-24 | 11,3 |
| 25-29 | 10,1 |
| 30-34 | 6,6 |
| 35-39 | 3,8 |
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