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En el lado colombiano hay cada vez más albergues, carpas y desplazados. Y en el lado venezolano hay cada vez más tanques, minas y soldados.
En dos semanas al menos 5.000 personas (casi la mitad de ellos niños) cruzaron al municipio colombiano de Arauquita después de que se intensificara un conflicto entre el ejército venezolano y un grupo disidente de la guerrilla colombiana.
Ha habido bombardeos, han allanado hogares y los desplazados denuncian ejecuciones extrajudiciales.
Pero la opacidad abunda: no se sabe cuántos heridos ni fallecidos ha dejado la crisis ni quiénes son realmente los protagonistas ni sus intereses.
Esta frontera de 2.200 kilómetros está acostumbrada al conflicto, pero este no se suele producir en las regiones de Arauca, en Colombia, y Apure, en Venezuela, parte de lo que en ambos países se conoce como "los llanos".
Zonas fronterizas como Cúcuta y la Guajira suelen recibir más atención. De hecho, los araucanos suelen hablar de "la otra frontera" para referirse a su tierra.
Durante la crisis actual los gobiernos de Bogotá y Caracas se han acusado mútuamente de "abandonar la frontera". Disienten en el diagnóstico del problema y no hablan entre ellos desde que se rompieron las relaciones bilaterales hace dos años.
Pero coindicen en al menos un calificativo: el de "terroristas" para describir a quienes luchan contra el ejército venezolano. Pero para unos son terroristas de izquierda y para otros, de derecha.
El 21 de marzo los residentes de La Victoria, un municipio fronterizo venezolano, oyeron bombardeos y se vieron forzados a dejar sus casas de repente y cruzar el río hacia el municipio colombiano de La Arauquita.
Desde entonces los enfrentamientos y los desplazamientos no han cesado.
A la zona llegaron las unidades de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un poderoso comando de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.
Caracas asegura que ha detenido a 31 personas, destruido nueve campamentos y desactivado seis artefactos explosivos.
El gobierno de Nicolás Maduro dice que está enfrentando a un grupo armado colombiano que cuenta con la "protección y tolerancia" de Bogotá. Los desplazados, aseguran, son colombianos que quieren volver a su país.
Este lunes el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, anunció que creará una zona especial de defensa para "garantizar la paz y la integridad territorial" de Venezuela ante "un plan imperial para balcanizar al país" promovido "por Estados Unidos con el apoyo de Colombia".
Padrino llegó a asegurar hace unos días que "las incursiones en el espacio geográfico venezolano deben considerarse como una agresión auspiciada por Iván Duque".
Medios venezolanos afines a gobierno califican a los irregulares armados de "narco-mercenarios".
Bogotá, por su parte, argumenta que a Maduro le está pasando factura su complicidad con guerrilleros y que ha concentrado sus gestiones en asistir a los miles de desplazados que llegaron a Arauquita.
La ONG Human Rights Watch y medios locales han dado a conocer testimonios de desplazados que aseguran que sus familiares fueron ejecutados extrajudicialmente para presentarlos como bajas guerrilleras.
Caracas niega esta versión.
Esta zona fronteriza, conocida como el "piedemonte llanero" por estar entre las cordilleras y la sabana tropical, ha sido durante años un paso clave para las rutas del narcotráfico.
Aunque el control de la zona lo ejerció el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde los años 80, hoy también hay presencia de al menos dos grupos distintos -y, probablemente, rivales- de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Venezuela siempre ha negado que "dé refugio" a guerrilleros colombianos.
Nicolás Maduro atribuye su presencia al "descontrol" del conflicto en Colombia.
Jorge Mantilla, experto en frontera y seguridad, asegura "que las guerrillas colombianas, los grupos armados y las autoridades venezolanas" habían logrado mantener la paz gracias "a arreglos, a veces tácitos, de repartición de rentas y control territorial".
Y ahora, según Mantilla, quien trabaja en una tesis doctoral en la Universidad de Illinois sobre el crimen en esta frontera, esa paz se vio alterada por la disidencia de las FARC.
Ese actor que al parecer busca recomponer el control de la zona se hace llamar "Frente Décimo de las FARC", dirigido por "alias Ferley" y que ha adquirido mayor capacidad militar y económica durante los últimos meses.
En 2016, las FARC firmaron, con el apoyo logístico de Venezuela, un acuerdo de paz con el Estado colombiano. Pero varios grupos dentro de la misma guerrilla se opusieron al acuerdo o se rearmaron poco después de la firma.
Hoy las diferentes disidencias de las FARC tienen distintas expresiones, intereses y territorios de control.
El gobierno venezolano siempre ha negado cualquier pacto con las guerrillas colombianas, pero Mantilla sostiene que "ahora se ha producido una tensión entre los arreglos locales que pueden tener el Frente Décimo con los componentes regionales del ejército venezolano y los arreglos nacionales que pueden tener el gobierno nacional en Caracas con la Segunda Marquetalia (otra disidencia)".
La situación se da en un momento en el que la gestión del orden público en Colombia se está complicando: decenas de miles de personas han sido desplazadas en otras regiones del país y las masacres y asesinatos de líderes sociales siguen dominando el escenario.
Aunque el gobierno de Iván Duque defiende la baja de homicidios en 2020 y su implementación del acuerdo de paz, la oposición ha calificado de insuficiente su agenda de paz, con el resultado de que la violencia se ha agudizado, el conflicto se ha fragmentado y la producción de coca ha aumentado.
En abril Duque espera reactivar las fumigaciones con glifosato en cultivos ilícitos.
Son todos elementos que pueden explicar por qué ahora algunos grupos armados están moviendo sus fichas en un momento de reactivación de las economías ilegales alrededor del mundo tras la pandemia.
Mantilla asegura que para que baje la tensión pueden ocurrir dos cosas: o que se vuelva al statu quo de no agresión o que uno de los grupos se imponga sobre el otro.
El ELN, una guerrilla que algunos hoy consideran "binacional", es probablemente el actor ilegal de mayor poder militar en la zona y lo que ocurra dependerá de si entran a luchar contra las disidencias en defensa de su territorio o de la revolución bolivariana.
Está por ver, además, qué hará Caracas para demostrar que, como ha sostenido por años, no tolera la presencia de grupos armados ilegales y lucha contra el narcotráfico.
A la ecuación se añade que el gobierno de Iván Duque no reconoce a Maduro como presidente y que no hay canales de comunicación entre las autoridades de ambos países.
Además, lo que ocurre en Colombia y Venezuela suele estar en el radar de las grandes potencias: Estados Unidos por un lado y China y Rusia por el otro.
De ambos lados de la frontera, no parece una situación fácil de controlar.
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