Congresistas le meten el acelerador a cuatro proyectos de seguridad para votarlos esta semana
Se trata de proyectos que fueron aprobados en primer debate
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Agilizar la aprobación de cuatro proyectos de ley impulsados por el gobierno de Rodrigo Chaves es el acuerdo que tomaron hoy los seis jefes de fracción.
Se trata de cuatro iniciativas que se aprobaron en primer debate la semana pasada, pero que están pendientes de su segunda votación entre el martes y el jueves de la presente semana.
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Se trata de la iniciativa para eximir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para sus funciones.
La segunda propuesta es la que impondrá prisión de uno a seis años a quienes, con fines ilícitos, fabriquen, comercialicen, instalen u operen dispositivos destinados a interferir o bloquear las señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imágenes.
Las medidas
Estas son las medidas anunciadas por el presidente Rodrigo Chaves
Límite al otorgamiento de medidas cautelares
Se trata de limitar el otorgamiento de medidas cautelares únicamente para delitos que tengan penas inferiores a los cuatro años de prisión.
En cuanto a la pena de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, se propone bajar de seis años, como se encuentra actualmente, a cuatro años de prisión, la pena impuesta para que las personas juzgadoras puedan otorgar este tipo de sanción.
De esta manera, violadores y personas con antecedentes penales de narcotráfico, crimen organizado y asesinos o sicarios no podrán salir de la cárcel con medidas cautelares.
Sicarios y menores de edad
En este caso, se trata de adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad violenta y la delincuencia organizada.
ñ[_La idea es que la justicia pueda atender de manera diferenciada aquellos asuntos relativos a la criminalidad organizada en donde participan personas menores de edad, además de ampliar la lista de delitos en donde la prescripción es de cinco años, incorporando aquellos delitos considerados graves, e incluir como causal para la detención provisional cuando una persona menor de edad 'represente un peligro para la sociedad.
Intervención de comunicaciones
Se autoriza la intervención telefónica para los delitos de homicidio simple y femicidio; asimismo, se propone que la Fiscalía General pueda solicitar la intervención de comunicaciones.
Además, amplía el plazo de la intervención a cuatro meses, con la posibilidad de dos prórrogas hasta un máximo de 1 año de intervención.
Mayores sanciones para el uso de armas
La idea es establecer como agravante en los delitos de tenencia ilegal de armas aquellos casos en los que la persona posea o porte un arma de fuego que se encuentra inscrita a nombre de un tercero y que haya sido reportada como extraviada o sustraída.
Por otra parte, la pena aumentará cuando esa arma haya sido utilizada para la comisión de un ilícito penal o se enmarque dentro de alguno de los supuestos de delincuencia organizada o asociación ilícita.
Extradición de costarricenses
Es una reforma a la Constitución Política para que se habilite la extradición de personas costarricenses por casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo.
Otra iniciativa es la que busca fortalecer las áreas de seguridad e investigación de las instituciones estatales para combatir el fraude, la corrupción y otros delitos que afecten los recursos públicos.
Finalmente, el cuarto proyecto de ley busca agilizar el proceso de levantamiento de cadáveres en casos de muertes violentas o sospecha de delitos culposos.
Los jefes de fracción también acordaron que se establezca una lista de cinco proyectos prioritarios, aseguró Alejandro Pacheco, jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana.
