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Este jueves, el presidente de Argentina, Javier Milei, sufrió su peor derrota parlamentaria desde que inició su mandato dos años atrás.
En medio de una turbulenta jornada, el Senado argentino aprobó cuatro proyectos de ley que la Casa Rosada considera que ponen en peligro el equilibrio fiscal, una de las prioridades de Milei desde su posesión en diciembre de 2023.
Las cuatro leyes aprobadas, que el mandatario libertario anunció que vetará, incluyen un aumento de 7% en las pensiones, la expansión de beneficios para personas con discapacidad, el desbloqueo de fondos nacionales para que sean usados en las provincias y una serie de cambios en la distribución de cargas impositivas en la comercialización de combustibles.
La reacción de Milei fue inmediata y contundente.
Durante un evento en la Bolsa de Buenos Aires, el presidente señaló: "Vamos a vetar". "Y si aun se diera la circunstancia, que no creo, que el veto se cae, lo vamos a judicializar", agregó.
"Aun si de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tarda años en tratar y lo tratara en poco tiempo, aun así el daño que podrían causar sería mínimo, solo una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre (día que se posesiona el nuevo Congreso) se la vamos a revertir en caso que tuviera éxito, lo cual la política del superávit fiscal es permanente".
De acuerdo al propio Milei, si estas leyes se ejecutan se observaría un aumento del 2,5% del gasto público, algo que va en contra de sus políticas de austeridad y superávit financiero.
Pero otros funcionarios de su círculo fueron más allá y calificaron la decisión del Senado como "un golpe institucional".
Este revés político ocurre precisamente en un año electoral: el próximo octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas de mitad de término, que determinarán la suerte de la segunda parte del mandato de Milei hasta 2027.
Y esto lo saben todos en el espectro político, desde los ámbitos más cercanos al partido de la Libertad Avanza, al que pertenece Milei, como la oposición, cercanos al histórico peronismo -incluido los kirchneristas- y quienes fueron los promotores de estas cuatro iniciativas.
El partido oficialista es minoría dentro del Congreso y depende de alianzas con otras fuerzas políticas, como el PRO -que lidera el expresidente Mauricio Macri-, para sacar adelante sus iniciativas.
Por eso es clave para el gobierno un buen resultado en las elecciones de medio término en octubre.
Además de los cuatro proyectos aprobados por el Senado este jueves, también la Cámara de Diputados rechazó el veto que el Presidente le había impuesto a una serie de ayudas financieras para los damnificados de las inundaciones de Bahía Blanca, una ciudad ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires.
En marzo pasado, allí murieron al menos 18 personas y más de 1.400 resultaron damnificadas por torrenciales aguaceros. Sin embargo, el gobierno central bloqueó un paquete de ayudas financieras para aliviar la crisis.
A este hecho se suman otras medidas del gobierno de Milei que han causado roces con los gobernadores de las provincias, especialmente la de bloquear los pagos de la Oficina del Tesoro Nacional a los que tienen derecho los mandatarios provinciales.
El distanciamiento quedó en evidencia este 9 de julio durante un evento en la ciudad de Tucumán para marcar las celebraciones por la independencia del país. Allí se esperaba, como es tradicional, la presencia del presidente acompañado por los mandatarios locales.
Sin embargo, Milei canceló su presencia pocas horas antes del evento.
El gobierno informó que el presidente no viajaba por condiciones climáticas adversas, pero analistas políticos y periodistas locales atribuyeron esta ausencia al hecho de que solo tres de los 23 gobernadores habían confirmado su presencia.
"Quieren destruir al gobierno nacional", cargó Milei contra los gobernadores en una entrevista con la radio El Observador.
Funcionarios del gobierno, como el jefe de Gabinete Guillermo Francos, consideraron que la oposición realizó "un golpe institucional" en el Senado y que la sesión no era válida ya que no había sido convocada por la presidenta de la Cámara Alta, la vicepresidenta argentina Victoria Villaruel.
Pero algunos productores de contenido muy cercanos al presidente -como Daniel Parisini, conocido como "El gordo Dan", y Franco Antunes, alias Fran Fijap- fueron más allá:
Parisini publicó en su cuenta de Twitter: "Los tanques a la calle, ya. Los strikers (tipo de tanque) por la 9 de julio ahora, Javeto. El momento ha llegado".
Y añadió: "Javo, poné un F16 a sobrevolar el Congreso".
A él se le sumó Antunes: "Hay que dinamitar todo el Congreso, con diputados y senadores adentro".
Estos comentarios fueron rechazados por varios políticos como la senadora opositora Juliana Di Tullio.
"No solo estoy haciendo una denuncia pública con estas amenazas, voy a hacer una denuncia penal. Esto es inaceptable", dijo durante una plenaria del Congreso.
Expertos como Ignacio Fidanza, periodista del portal La Política, señalan que este revés legislativo tiene que ver con un desgaste en las políticas de austeridad que han comenzado a afectar distintos ámbitos del país.
"Los logros macroeconómicos están en discusión. La economía real detonada, con quiebras de agropecuarias, empresas industriales y comercios", escribió.
Pero no es el único factor que hizo parte de este proceso: también se suma la influencia que han ejercido varios gobernadores de las provincias -representantes de distintos partidos políticos- para que se concretara la aprobación de estas medidas, que ponen en evidencia el distanciamiento entre la Casa Rosada y los poderes regionales.
El dato que preocupa al gobierno, como lo señala el columnista Claudio Jacquelin en el diario argentino La Nación, es que la aprobación de esas leyes alcanzaron los dos tercios de los senadores.
"El proceso electoral en marcha también aporta lo suyo y muestra signos de un reordenamiento que no es el que imaginaba hasta hace muy poco el oficialismo", señala el periodista.
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