Cinco años después, Fiscalía solicita apertura de juicio por caso del “cementazo”

Casi cinco años después de que se diera a conocer el caso del cemento chino o “cementazo”, el empresario Juan Carlos Bolaños y Paola Mora, expresidenta del BCR, enfrentarán a la justicia.

Este miércoles, el Ministerio Público confirmó la acusación en contra de nueve personas.

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Peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso e influencia en contra de la hacienda pública, son algunos de los delitos que señala la fiscalía para solicitar la apertura de juicio.

La acusación incluye también a otros representantes de la empresa de Bolaños y varios exfuncionarios del BCR, entre ellos subgerentes y el director de gestión de cobros.

El caso está relacionado con la solicitud, tramitación y desembolso de dos créditos por $30 millones en el BCR por parte de Bolaños.

Los empréstitos, según la investigación, serían utilizados para la importación y posterior nacionalización de cemento fabricado en China.

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Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, en todas las etapas del crédito -negociación, aprobación, desembolsos y posterior renovación-, habrían ocurrido irregularidades por parte de funcionarios de la alta administración del banco, que permitieron el otorgamiento y continuo desembolso de fondos públicos, en detrimento de los intereses de la entidad bancaria.

Esto, porque el solicitante no cumplía ni los requisitos, ni las garantías necesarias para solicitar los créditos.

Como parte de la investigación, también se determinó que el dinero entregado por el BCR para la compra de cemento habría sido utilizado para fines distintos. 

En su momento, el escándalo de supuesta corrupción salpicó al Poder Judicial, el Congreso y hasta Casa Presidencial.

Esto, porque Jorge Chavarría, fiscal general de ese momento, fue separado del cargo por incumplir sus deberes, ya que en 2015 recibió denuncias de un posible tráfico de influencias en la entidad bancaria y no actuó; asimismo, Celso Gamboa, entonces magistrado de la Sala III, se vio envuelto en una polémica que terminó con su destitución en el Congreso, tras rebelarse que viajó con el empresario Bolaños a Panamá, además de tener otros nexos con él.

Por otra parte, dos magistrados, Carlos Chinchilla y Doris Arias se acogieron a su pensión tras ser amonestados por desestimar una causa contra varios diputados de ese momento -Otto Guevara y Víctor Hugo Morales – por este mismo caso. Chinchilla era el presidente de la Corte.

Asimismo, se cuestionó a Welmer Ramos, entonces ministro de Economía y el presidente Luis Guillermo Solís, por promover una mayor competencia en el mercado cementero.

En ninguno de los casos mencionados, la fiscalía presentó denuncia penal contra los representantes de los supremos poderes.

Nueve de cada diez casos de corrupción son resueltos en la etapa preliminar o intermedia del proceso, esto quiere decir que no logran llegar a la etapa de juicio por no cumplir con las condiciones necesarias, según el Estado de la Justicia.

La dificultad para probar los actos ilícitos, es la razón que establece el Estado de la Justicia y otros expertos para explicar la baja incidencia de éxito en cuanto a condenas.

En los casos en que sí se logra llegar a juicio, solo se concreta una sentencia en un 3% de las situaciones.

“El proceso penal es superado por la complejidad de los casos de corrupción de alto perfil, cuyo combate requiere otras herramientas”, indica el Estado de la Justicia.