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A Cecilia Monzón Pérez la mataron a balazos el 21 de mayo de 2022.
Iba en automóvil cuando le dispararon desde una motocicleta en el municipio de San Pedro Cholula, en el estado mexicano de Puebla.
Monzón era abogada penalista y activista de derechos de las mujeres. Su asesinato, además de conmocionar a México, dejó una pregunta en el aire: ¿qué pasa con un menor cuyo padre es sospechoso de matar a su madre?
Monzón era madre de un niño de cuatro años que hoy está bajo custodia provisional de su familia en España.
La Fiscalía General del Estado señaló al padre del menor y expareja de la víctima, el expolítico del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Javier López Zavala, como presunto autor intelectual del crimen.
Ahora, a menos de un año de su muerte, Monzón da nombre a una ley única en México.
El Congreso de Puebla aprobó el pasado 2 de marzo la bautizada como "Ley Monzón", una reforma del código penal y civil que suspende la patria potestad a posibles feminicidas y la quita si se confirman las sentencias.
Es el primer estado mexicano en promulgar una ley de este tipo. Un precedente que ahora impulsores, colectivos feministas y familiares de la víctima esperan que se convierta en ley nacional.
En la misma sesión, Puebla también aprobó por primera vez una ley que tipifica los ataques contra mujeres con ácido como tentantiva de feminicidio.
Monzón fue atacada cuando circulaba a la altura de Camino Real a Momoxpan y Periférico, en el municipio conurbado de San Pedro de Cholula, en Puebla.
La Fiscalía cree que hubo hasta tres involucrados en el crimen además de López Zavala, al que se acusa como autor intelectual.
Por un lado está Santiago Bárcena, dueño de uno de los vehículos empleados en el asesinato. Por el otro, los supuestos autores materiales Jair N., sobrino de López Zavala y conductor de la motocicleta, y Silvestre N., quien habría disparado a la víctima.
Todos fueron detenidos, aunque Bárcena fue liberado el pasado mes de enero por falta de pruebas.
López Zavala, exsecretario de gobernación de Puebla y excandidato a la gobernación del mismo estado, enfrentaba un litigio presentado por Monzón por la pensión alimenticia de su hijo.
En redes sociales, la víctima hablaba a menudo sobre cuestiones de género y en ocasiones mencionó problemas con su expareja y criticaba la falta de progreso de las autoridades para procesar su caso.
Monzón se caracterizó por su activismo feminista y por ser abogada para varias causas de mujeres.
Tras su muerte se organizaron protestas en Puebla clamando justicia.
El asesinato de Monzón, quien también tenía la nacionalidad española, provocó la reacción del gobierno español.
"El Gobierno de España reclama el compromiso del estado de Puebla para la apertura de una investigación que esclarezca los hechos e identifique y sancione a los responsables materiales e intelectuales de este vil asesinato, con el fin de evitar que permanezca impune", se pronunció en su momento el Ministerio de Relaciones Exteriores español.
La familia Monzón se hizo cargo del menor tras la muerte de la madre. El padre, la madre y la hermana de Cecilia viajaron a México desde España, donde residen, tras la noticia del asesinato.
Desde que llegaron solicitaron la custodia del niño. Helena Monzón, hermana de Cecilia y también abogada, declaró entonces en una entrevista de televisión que López Zavala, incluso antes de su detención, buscó a sus abogados y planteó condiciones a cambio de entregar la custodia completa de su hijo.
Según Monzón, el priista pidió que hablaran bien de él en los medios e informaran que mantenía una buena relación con la víctima.
Tras el arresto de López Zavala a comienzos de junio de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Puebla concedió formalmente la custodia provisional del menor a la familia Monzón, quienes se lo llevaron a España.
Helena Monzón denunció amenazas y hostigamientos durante su estancia en Puebla. Esto provocó que el entonces gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, dispusiera seguridad personal para la familia.
El estatus del menor se convirtió en asunto central para la familia Monzón y para la diputada por el Partido del Trabajo en el Congreso de Puebla, Mónica Silva Ruiz, quien meses después del crimen presentó la "Ley Monzón" para suspender la patria potestad de los padres sospechosos de feminicidio y retirársela a los condenados.
Helena Monzón ha representado a la familia ante los medios y ha abogado públicamente por el cambio en la legislación.
Cuando el pasado 2 de marzo el Congreso de Puebla aprobó únanimente el proyecto, la sala estalló en aplausos y ovaciones desde todas las bancadas.
Pero para Helena Monzón todavía queda un largo camino por recorrer.
Según reporta el diario mexicano El Sol de Puebla, Monzón declaró que esto es "el primer paso para cuidar a los menores de edad en los casos donde el padre es señalado por el presunto feminicidio en contra de la madre".
También señaló que se trataba de un "tema urgente porque en el país hay muchos menores de edad que deben quedarse con la familia de los violentadores de sus madres".
Monzón exige más rapidez a las autoridades en el caso de su hermana y denuncia obstáculos en la Justicia.
La primera audiencia intermedia de López Zavala ha sido pospuesta en dos ocasiones por "falta de tiempo", según ha contado.
La próxima fecha para la audiencia es el 22 de marzo.
Además de la Ley Monzón, Puebla también se convirtió en el primer estado mexicano en aprobar la llamada "Ley Malena".
Esta iniciativa tipifica como intento de feminicidio los ataques con sustancias corrosivas, con penas que pueden alcanzar hasta 40 años de cárcel.
La "Ley Malena" recibió este nombre en honor a la lucha de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de un ataque con ácido en 2019.
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