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Carolina Hidalgo votará en contra ley de empleo público si se mantiene objeción de conciencia

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 03 agosto, 2021 02:30 p. m.


Carolina Hidalgo, precandidata del PAC. Archivo/La República.
Carolina Hidalgo, precandidata del PAC. Archivo/La República.


En caso de que la ley de empleo público mantenga la cláusula de conciencia, Carolina Hidalgo, diputada y precandidata del PAC, se negará a votar el proyecto favorablemente en primer y segundo debate.

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La legisladora había aprobado la iniciativa anteriormente en el Plenario, con la esperanza de que la Sala IV objetara la cláusula de conciencia.

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Sin embargo, el sábado anterior la Sala IV sorprendió al país al mantener el artículo considerado “discriminatorio” por activistas sociales y defensores de los derechos humanos, a la vez que excluyó a instituciones como el Poder Judicial y las Universidades de la ley.

“Esperaremos el fallo completo de la Sala para estudiarlo con detenimiento. Haré todo lo que esté a mi alcance para que la objeción de conciencia sea excluida del texto final y mi voto será negativo si ese inciso se mantiene”, dijo Hidalgo.

Debido a que la Sala declaró varias ilegalidades, el proyecto tiene que votarse nuevamente en primer debate.

La cláusula de conciencia que se incluyó en la ley de empleo público abriría un portillo para que el Estado permita la discriminación de sus funcionarios contra las poblaciones vulnerables como mujeres, afrodescendientes, migrantes, personas con situación de discapacidad y LGBTIQ+, entre otros.

Abogados especialistas en derechos humanos y materia de género, diputados y activistas sociales advierten que la cláusula de conciencia aplica a nivel internacional únicamente en el reclutamiento militar y en materia de salud.

Mientra tanto, la ley de empleo público que pretende ordenar el sistema de remuneraciones del Estado y recortar el gasto, también permitirá que los funcionarios se nieguen a recibir capacitaciones que violenten sus creencias religiosas o valores morales.

Esto se traduciría en un mal servicio para las poblaciones vulnerables y al mismo tiempo, abre un portillo para que algún funcionario se niegue a dar el servicio.


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