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Sala IV garantiza autonomía de Poder Judicial, municipalidades y U públicas, pero valida mismo salario por puesto laboral en ley de empleo público

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Domingo 01 agosto, 2021 06:00 am

Archivo/La República.
Archivo/La República.


El Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las municipalidades, la Caja y las universidades públicas deben ser autónomas y el Ministerio de Planificación no puede ser el ente rector en materia de empleo, según resolvió hoy en la madrugada la Sala IV.

La ilegalidad que señalaron los magistrados pretende garantizar la autonomía y evitar una intromisión de poderes.

Lea más: Empleo público inicia recta final en el Congreso con serias dudas de legalidad

Sin embargo, al mismo tiempo, la Sala validó el salario global o único para la administración estatal, lo que implicaría en la práctica que habría un salario estándar por puesto para todo el Estado.

El proyecto aprobado en primer debate por los legisladores no tiene vicios de procedimiento.

Adicionalmente, no va en contra de la Constitución que se establezca un tope a los salarios públicos, lo cual, vendría a frenar el crecimiento por pluses y aumentos salariales.

En cuanto a la objeción de conciencia, el máximo tribunal no encontró ninguna ilegalidad, por lo que en principio, los funcionarios podrían alegar creencias religiosas o morales para no participar en capacitaciones de derechos humanos, como podría ser temática de género o agenda LGBTIQ+.

Ahora, los diputados tendrán que devolver el proyecto a comisión para eliminar los artículos ilegales.

“La Sala sí encuentra inconstitucional que se someta a la potestad de dirección y rectoría de Mideplan al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones porque ello viola la independencia judicial y electoral. En relación con las universidades, se considera que es inconstitucional someterlas a la potestad de elección, de la rectoría y a la potestad reglamentaria de Mideplan a las universidades, y en el mismo sentido resulta inconstitucional someter a esas potestades a las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social", explicó el presidente de la Sala, Fernando Castillo.

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La polémica ley de empleo público pretende establecer un mismo salario por puesto laboral para toda la administración estatal.

De esta forma, los trabajadores que tengan una remuneración por encima del salario estándar que se fije en la ley, sufrirán un congelamiento de sus pluses y aumentos por costo de vida.

La medida afectaría a unos 270 mil empleados estatales y pretende ordenar los disímiles sistemas de remuneraciones en el aparato estatal, así como ahorrarle recursos al Estado.

Reformar el empleo estatal es fundamental al considerar que el 50% de los ingresos que recauda el Ministerio de Hacienda se utilizan para pagar el salario de los empleados públicos todos los años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o Club de los Países Ricos.

Este gasto implica que Costa Rica es el país que más dinero invierte porcentualmente en la OCDE para pagar a su aparato estatal.

Esto, porque en el conocido Club de los Países Ricos, el promedio es de un 25%.


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