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Por supuesta violación de derechos humanos durante juicio
Calderón demandará al país ante comisión internacional

Expresidente cuestiona imparcialidad de jueces

Rafael Angel Calderón, presidente de la República entre 1990 y 1994, presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una demanda contra el Estado costarricense por supuestamente violentar sus derechos durante el juicio Caja-Fischel.
El reclamo se hará antes de finalizar este mes y pretende revocar en todos sus extremos el fallo de los tribunales que lo condenaron a tres años de cárcel.
Asimismo, el exjefe de Estado pretende establecer un precedente legal, “para que ningún otro costarricense sufra algo similar”.
Tras el proceso penal en su contra, Calderón considera que “no se le respetaron las garantías mínimas que se le conceden a todo acusado”, explica Juan Marco Rivero, abogado del expresidente.
Una de esas garantías es la imparcialidad de los jueces.
La defensa cuestiona el hecho de que algunos de los magistrados que llevaron el caso, estarían ligados a la fiscalía de delitos económicos, en la cual tienen su plaza fija en el Poder Judicial.
Asimismo, critica el hecho de que durante el proceso se cambiaran en varias ocasiones los integrantes de los tribunales de casación, lo cual, es a juicio de Rivero, una anormalidad en el proceso “que no da unidad de criterio”.
Otro punto que será presentado como alegato ante la Comisión es el hecho de que los magistrados de la Sala III, dieron a conocer por medio de un campo pagado en un medio de comunicación escrito, que el proyecto de resolución del recurso de casación estaba siendo elaborado por terceros, “cuando ellos están obligados a hacerlo”, expresó Rivero.
Asimismo, señalan el hecho de que el recurso de apelación presentado por la defensa de Calderón fue resuelto por los magistrados de la Sala III, cuando eran los tribunales de apelación los que debían conocer esos alegatos.
Tras la finalización del proceso penal en Costa Rica, Calderón solo puede acudir a la Comisión, para tratar de revocar la sentencia en su contra, ya que dicha organización con sede en Washington, Estados Unidos, actúa como una fiscalía internacional que tutela los derechos humanos de los ciudadanos de los países firmantes del Pacto de San José.
Sobre este tema, el exmandatario manifestó que quiere anular “la sentencia vergonzosa, producto de una persecución política sin precedentes por razones históricas”.
El 12 de mayo anterior, Calderón fue sentenciado a tres años de cárcel por el delito de peculado; sin embargo, se le otorgó la libertad condicional. Al exjefe de estado se le ligó con el reparto de comisiones millonarias a diversos funcionarios y exfuncionarios, tras la compra de equipo médico por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social a una empresa de origen finlandés.
Una vez que el recurso sea presentado, la Comisión deberá determinar si el reclamo es válido. De ser así, pedirá un informe al país y a partir de ahí, determinará si procede a elevar el caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos.

Esteban Arrieta
[email protected]


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