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No presentó pruebas para detener concesión, resolvió Tribunal
Ronaldo Blear pifia intento de frenar megapuerto

Contraloría tiene el camino despejado para decidir sobre refrendo de contrato

Ronaldo Blear, cabeza del Sindicato de Trabajadores de Japdeva, fracasó en su intento de frenar el trámite de la concesión que promueve la construcción de un amplio puerto de contenedores cerca del actual muelle de Moín.
Lo anterior al no poder demostrar su temor de que la construcción de esta obra causaría un fuerte daño al ambiente, ni que existiera una amenaza de demanda hacia el Estado en caso de que no se detuviera el refrendo del contrato.
A esa conclusión llegó ayer el órgano que ve las apelaciones presentadas contra los actos resueltos por el Tribunal Contencioso Administrativo, tras rechazar una impugnación presentada por Blear en contra de la decisión de ese juzgado de impedirle la medida cautelar de congelar el curso del proyecto portuario.
En cambio la parte demandada por el líder sindical sí logró demostrarle al Tribunal que la concesión de la megaterminal portuaria es de interés público, contribuirá a mejorar la competitividad y ayudará al país a abandonar los últimos puestos que ocupa en materia portuaria a nivel mundial.
Lo dictado ayer en el Tribunal Contencioso le despeja el camino a la Contraloría General de la República para que concluya el trámite de refrendo del contrato portuario, cuya resolución está prevista inicialmente para el próximo lunes, aunque se puede tomar un plazo adicional en caso de ser necesario.
Blear, representado por Jorge Regidor, abogado del sindicato, solicitó detener el refrendo del contrato alegando que la construcción de la terminal de contenedores de 1,5 kilómetros iba a impactar un humedal protegido a nivel internacional y una zona de recarga acuífera de donde se extrae líquido para abastecer de agua potable a algunos cantones de Limón.
Advirtió además que si la Contraloría le otorgaba el refrendo al proyecto y luego el Tribunal Contencioso revoca el contrato en el trámite de nulidad que presentó el sindicato, se abriría la posibilidad de que la empresa APM Terminals, adjudicada de la obra, demande al Estado por hasta $1.000 millones.
Aunque el Tribunal integrado por Huberth Fernández, Rocío Rojas y Jazmín Aragón concluyó que la petición del sindicato no es temeraria ni falta de seriedad, como se había resuelto con anterioridad, sí encontró que los argumentos no son suficientes para conceder las medidas cautelares.
No se presentó ningún documento que demuestre que el trámite de refrendo de la Contraloría vaya a causar una afectación al ambiente ni a provocar una demanda contra el Estado como para detener ese trámite, resolvió el Tribunal, el cual consideró que algunas de las apreciaciones del sindicato son subjetivas.
El cartel deja claro que la terminal se podrá construir solo si la Secretaría Técnica Nacional Ambiental le otorga la viabilidad ambiental definitiva. Además se demostró que es la Contraloría, mediante el estudio de refrendo, la entidad facultada para analizar la legalidad del proyecto y advertir una posible demanda contra el Estado.
En cambio, los jueces encontraron que el proyecto portuario es de vital importancia considerando que el Estado carece de recursos propios para realizar la modernización de los puertos, lo que queda demostrado con la crisis fiscal que enfrenta el país. Además reconocieron que se sufre de un gran atraso en materia portuaria.
“Suspender el trámite del contrato no resulta posible porque afecta al colectivo”, destacó la resolución, la cual agrega que concluir los procesos de contratación que gestione el Gobierno es indispensable para garantizar seguridad jurídica.
Aunque fracasó en su intento de frenar la concesión, Blear anunció que insistirá en la anulación del contrato, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo estudie la demanda por el fondo.
“Vamos a trabajar fuerte para que el juicio ordinario salga positivo porque estamos seguros de que hay ilegalidad en el trámite que ha seguido esta concesión”, dijo Blear a la salida de la sala donde se leyó la resolución.
Sin embargo, del lado del Gobierno se respira una seguridad de que el juicio ordinario correrá la misma suerte que tuvo la solicitud de medida cautelar.
“Los jueces fueron claros de que el interés público está por encima y que ante los problemas fiscales Costa Rica debe apoyarse en la empresa privada para superar el rezago que sufre en infraestructura”; comentó Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas.
Seguimos adelante para que Costa Rica sea primera y no última en puertos, destacó, a su vez, la presidenta Laura Chinchilla, quien lamentó que el caso del nuevo puerto de Moín evidencia el preocupante problema que sufre el país, cual es la infinita impugnación de actos administrativos.
El fallo le da confianza además a la empresa a cargo de la concesión de la megaterminal. “Los jueces confirmaron una vez más la transparencia, profesionalismo y rigurosidad que ha seguido APM Terminals para lograr la concesión”, destacó Rogelio Douglas, gerente general de la empresa.
La terminal de contenedores en Moín, Limón, es el proyecto de infraestructura más grande que se ha desarrollado en el país.
Consiste en un plan con una inversión por el orden de los $1.000 millones para la construcción, en tres fases, de un puerto de 1,5 kilómetros de longitud, 16 metros de profundidad y 13 grúas, apto para atender tres buques con capacidad de 10 mil contenedores simultáneamente.
El muelle actual de Moín puede atender hasta cuatro barcos a la vez, pero no mayores a los 2 mil contenedores.

Danny Canales
[email protected]


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