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Los clientes bancarios que sufran un fraude electrónico estarían más protegidos gracias a un proyecto de ley que aprobaron anoche los diputados y que, básicamente, exonera a los ciudadanos de la culpa a priori por las transacciones ilegales.
En otras palabras, ya no será la persona afectada la que debe explicar al banco qué ocurrió, sino que la entidad financiera estará obligada a realizar una investigación y responder en cuatro meses.
Se trata de un cambio sustancial en la forma en que se atienden las estafas electrónicas y los rebajos no autorizados en cuentas bancarias, según explicó Óscar Izquierdo, diputado del PLN y proponente de la propuesta.
La normativa incluye también a cooperativas, mutuales y otras entidades financieras y fue aprobada en primer debate y todavía requiere ser validada en segundo debate para ser ley. Por otra parte, diputados del PUSC no descartan presentar una consulta a la Sala IV para frenar la iniciativa.
Con la nueva ley, los bancos públicos y privados deberán asumir la responsabilidad y devolver el dinero a los usuarios que sean víctimas de estafas electrónicas, siempre que se confirme que el titular de la cuenta no incurrió en error, ni realizó acciones que facilitaran la sustracción de los fondos.
La nueva ley ya no presume automáticamente la culpa del usuario.
“En otras palabras, deja de poner todo el peso sobre la víctima y reconoce que quien custodia el dinero debe asumir responsabilidad”, afirmó el legislador.
Cuando un usuario rechace haber autorizado una operación o denuncie estafas electrónicas o rebajos no autorizados, deberá presentar el reclamo ante su banco en un plazo máximo de 30 días naturales, mediante un formulario establecido por la entidad, acompañado de la respectiva denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La entidad financiera contará con un plazo para investigar el caso. Si no responde en 120 días naturales, estará obligada a reintegrar los fondos en un máximo de 10 días, sin perjuicio de que posteriormente pueda acudir a la vía judicial para reclamar el monto entregado.
La ley contempla excepciones específicas en las que el banco podría evadir la responsabilidad, como casos de autofraude, dolo, transferencias entre cuentas del mismo titular o entre el titular y su cónyuge, conviviente o familiares hasta segundo grado.
De la mano del crecimiento del comercio electrónico y las facilidades bancarias, las estafas electrónicas han tenido un auge significativo desde 2022, cuando se reportaron 3.136 denuncias ante el OIJ.
Desde entonces, el problema no ha parado de crecer de manera exponencial y, para 2025, las autoridades policiales contabilizaron 10.027 casos, lo que significó un crecimiento de 41% en relación con el año anterior.
Lo peor de todo es que, de mantenerse el ritmo de crecimiento actual, al finalizar este año las estafas electrónicas se convertirían en el principal delito del país, superando a los robos, hurtos y timos, que hasta finales del año pasado ocupaban las primeras tres posiciones en el ranking criminal.
De esta manera, el teléfono celular está a un paso de ser más peligroso que salir a caminar de noche en un barrio peligroso.
Y es que, las denuncias sobre este tema pasaron de 19 a 27 al día entre 2024 y 2025.
Las frías estadísticas revelan un cambio en los patrones de consumo y en la criminalidad del país, según expertos, quienes destacan que detrás de cada caso hay una persona con una cuenta vacía o, incluso, con deudas que no adquirió.
La forma en la que los cibercriminales llegan a las contraseñas de los usuarios es variada en cuanto a dificultad o conocimiento técnico, y evoluciona de manera constante.
Sin embargo, en términos generales, es muy común que los usuarios de telefonía reciban mensajes o correos en los que se les advierte que un paquete está retenido en Correos de Costa Rica, o bien, que existe un problema con un pago electrónico ante el Ministerio de Hacienda, lo cual corresponde a estafas frecuentes.
En ese sentido, el OIJ tiene bien identificados los principales timos y advierte a los usuarios que la desconfianza es vital en todo este proceso.
Para cometer sus fechorías, los criminales aplican técnicas de ingeniería social y suplantación de identidad de entidades públicas o compañías reconocidas.
Llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto y hasta WhatsApp figuran entre los métodos utilizados, con el objetivo de que la víctima facilite datos sensibles de sus cuentas bancarias o incluso el PIN de la tarjeta.
Otra vía frecuente para el robo de contraseñas es el uso de malware, que actúa una vez que el dispositivo del usuario ha sido comprometido. En estos casos no hay un engaño puntual ni un mensaje de alerta, sino que el robo ocurre en segundo plano, muchas veces sin que la víctima lo perciba.
