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Costa Rica vive una paradoja que ya no se puede ignorar. En consumos bajos y medios, el país puede verse competitivo. Pero cuando la economía y la demanda crecen, el sistema responde con una señal equivocada: a partir de consumos superiores a 300 kWh mensuales, la electricidad se encarece y Costa Rica pasa a ser más cara que varios países centroamericanos.
Ese tramo no es una curiosidad estadística. Es donde caen hogares normales y una gran parte del comercio. Y es, sobre todo, donde se mide la competitividad real para inversión productiva.
En ese contexto se discute el expediente 23.414. El diagnóstico de partida es razonable: hay rigideces, rezagos y vulnerabilidad. Pero el diseño legal se queda corto. Tal como está, el proyecto no corrige los incentivos que hoy encarecen el kWh cuando la demanda crece, ni reduce el riesgo regulatorio para inversión.
El primer problema es jurídico económico: el texto reconoce mercados y agentes, pero no consagra con contundencia derechos exigibles en la ley. Acceso a redes, peajes, reglas operativas y fases de apertura quedan diferidos a reglamentos futuros. Para el inversionista, eso significa incertidumbre.
Sin derechos claros en la ley, no hay competencia real. Sin competencia real, el costo del kWh no baja. Y sin costo predecible, el costo de capital sube o la inversión no llega.
El segundo problema es de bancabilidad. Los proyectos se financian cuando hay reglas estables: acceso a red, peajes previsibles y contratos protegidos. Si el acceso y los peajes quedan en reglamento, el riesgo se traslada al financiamiento. Eso encarece todo.
El tercero es de cronograma. El proyecto no obliga con suficiente dureza a fases de apertura con fechas. Si no hay plazos legales, la apertura se posterga. Y si se posterga, la oferta llega tarde. Cuando llega tarde, el sistema recurre a soluciones más caras. Y el costo termina en la factura.
El cuarto es de transparencia y gobernanza. Un mercado funciona cuando la información es pública y verificable: capacidad disponible, cola de conexión, reglas claras de acceso y datos operativos transparentes. Si esa transparencia no se impone, el mercado se convierte en discrecionalidad.
En términos de señal económica, el mensaje que hoy recibe el inversionista es problemático: producir más puede significar pagar más por la electricidad, y además con volatilidad. Eso no es competitivo.
Un sistema eléctrico moderno debe enviar una señal clara: más demanda debe traducirse en más oferta y precios más bajos. Hoy Costa Rica envía la señal contraria, y el proyecto, tal como está, no la corrige. Si la reforma pretende mejorar competitividad, debe crear derechos exigibles, reglas claras y plazos en la ley. De lo contrario, la electricidad seguirá siendo un factor de costo y riesgo, no una ventaja competitiva.
