Administración ordinaria y cambio institucional

Administración ordinaria y cambio institucional

En una entrevista para Radio Nacional sobre nuestra gobernabilidad Luis Felipe Dobles me planteó una inteligente disyuntiva: “Ud. me ha dicho que para mejorar la toma de decisiones sobre asuntos públicos debemos realizar profundos cambios institucionales y que para cumplir con las funciones básicas del Estado debemos realizar muy importantes avances en la prestación diaria de los servicios del gobierno, ¿cuál de esas actividades debemos efectuar primero?”.
Mi respuesta fue que debemos hacer ambas.
Esto es muy similar a como actúa un consumidor. Incluso si uno puede dedicar esfuerzos a tratar de variar algún aspecto institucional para que las acciones futuras tengan resultados más favorables, no puede racionalmente dejar de escoger las mejores canastas de bienes para su consumo presente. Si todo lo dedico a mejorar mi futuro puede que mañana esté muerto. Igual nos vemos forzados a proceder en la utilización de los limitados recursos colectivos.
Dentro de las limitaciones institucionales se deben realizar las tareas ordinarias de gobierno lo mejor posible. Siempre se pueden mejorar la planificación, la coordinación, la dirección, la supervisión, la ejecución, y el control de las tareas administrativas ordinarias de las que depende la prestación de los servicios gubernamentales, y alimentar con las experiencias de hoy las actuaciones de mañana.
Claro que esa actuación ordinaria nunca es perfecta y debemos guardarnos de dos tentaciones funestas: no actuar hasta que lo podamos hacer perfectamente porque ello conduce a la inacción, y no dejarnos apabullar por la crítica de quienes ex post comparan acciones reales, tomadas necesariamente con información limitada, con las mejores que se pudieron haber realizado una vez conocidos los resultados. Esto último conduce a la demagogia.
Además, es tarea de los gobernantes, los partidos políticos y los ciudadanos analizar el marco institucional dentro del cual se ejecutan esas tareas, para —de ser necesario— modificarlo gradualmente para buscar las normas, organizaciones, tipos de contratos y usos que permitan mejorar la utilización de los recursos. Por eso “la ingobernabilidad” nunca es excusa válida para justificar resultados pobres en la acción de gobierno.
Porque se deben mejorar los procedimientos de licitación y contratación de obras públicas no podemos paralizar la inversión hasta lograrlo, ni por la urgencia de construir las carreteras o las escuelas podemos dejar de mejorar las normas de contratación.
A veces la principal tarea es la administración ordinaria. En otras circunstancias adquiere mayor relevancia el cambio institucional. Hoy, sin duda, y aunque las acciones públicas no lo demuestren así, es prioritaria la acción visionaria para mejorar el marco de relaciones entre poderes públicos, la seguridad jurídica, el servicio civil, el sistema educativo, la contratación pública, la tramitología. Pero siempre debemos estar atentos a ambas necesidades.

Miguel Angel Rodríguez