Acuerdo con EE.UU. para recibir migrantes puede acabar en trato deshumanizado, denuncia diputados y Defensoría

El reciente acuerdo suscrito entre Costa Rica y Estados Unidos para recibir de manera regular personas migrantes deportadas encendió alertas en la Asamblea Legislativa y en la Defensoría de los Habitantes, que cuestionan la capacidad del país para garantizar un abordaje adecuado, digno y respetuoso de los derechos humanos.

El convenio, dado a conocer este lunes, fue firmado por el presidente Rodrigo Chaves junto a la enviada especial estadounidense Kristi Noem, y contempla la recepción semanal de al menos 25 migrantes deportados desde territorio estadounidense.

Según explicó la jerarca Laura Fernández, las personas trasladadas no cuentan con antecedentes penales, lo que —a su criterio— reduce preocupaciones en materia de seguridad. Además, señaló que el entendimiento se enmarca en una estrategia más amplia de cooperación internacional, que incluye acciones conjuntas con agencias como la DEA y el FBI.

Críticas

Sin embargo, la Defensoría de los Habitantes reaccionó con cautela y exigió garantías claras sobre la atención que recibirán estas personas en el país.

“No es suficiente decir que se respetarán los derechos humanos de las personas deportadas hacia Costa Rica, sino que debe dar muestras efectivas, con hechos concretos y evidencia, que permitan garantizar que la historia respecto al abordaje en la atención ocurrida el año anterior no se repetirá”, advirtió la institución.

El defensor adjunto de los habitantes, Juan Carlos Pereira, fue enfático al señalar la dimensión humana del fenómeno migratorio.

“La Defensoría es enfática en señalar que estas personas deportadas viven un drama humano, y es una obligación del Estado informarles su condición en Costa Rica, así como la atención integral, la garantía de sus derechos y su protección internacional. No queremos más sorpresas de recibir personas deportadas sin estar preparados. Hablamos de seres humanos, que son niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres en estado de embarazo, personas con discapacidad, entre otras; no hay espacio para la improvisación. Son personas, no mercancías de intercambio”, afirmó.

Desde el ámbito legislativo, también surgieron cuestionamientos.

La diputada del Partido Liberación Nacional, Monserrat Ruiz, advirtió sobre los riesgos de que el país asuma compromisos sin los controles adecuados.

“Costa Rica no puede convertirse en un depósito de seres humanos. Aquí no se trata de números ni de flujos: se trata de personas, de dignidad y de derechos. Y eso no es negociable. Nuestro país ha construido una tradición humanista que no puede ponerse en riesgo ni relativizarse. A diferencia de lo ocurrido hace un año, este acuerdo ya constituye un documento formal, y precisamente por eso debe someterse a los más altos rigores de protección, rendición de cuentas y responsabilidad humanitaria”, expresó.