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La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) reiteró su oposición al proyecto de ley de estafas bancarias, aprobado en segundo debate este miércoles, al considerar que el texto presenta vacíos y genera inseguridad jurídica tanto para las entidades financieras como para los usuarios.
Y es que la iniciativa ha generado una expectativa equivocada entre la población, según el gremio, al transmitir la idea de que los bancos deberán devolver automáticamente el dinero en todos los casos de estafa, algo que no corresponde a lo establecido en el texto aprobado por los diputados.
De acuerdo con la Asociación, el propio texto contempla un procedimiento específico para analizar cada reclamo.
En ese proceso, la entidad financiera deberá investigar los hechos y emitir una resolución sobre si procede o no la devolución de los fondos.
Esa decisión, además, deberá ser revisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
Si la persona afectada no está de acuerdo con el resultado, podrá acudir a la vía judicial para continuar con el trámite.
La iniciativa también establece escenarios en los que no existiría obligación de restitución, entre ellos se incluyen los casos en que la SUGEF valide el análisis realizado por el banco, cuando haya autofraude o dolo por parte del usuario, o cuando la transacción se realice entre cuentas del mismo titular.
Asimismo, la ley contempla excepciones ya previstas en la legislación vigente.
Otro de los puntos señalados por la ABC es que la normativa se limita a operaciones relacionadas con cuentas bancarias y no abarca transacciones efectuadas mediante tarjetas de crédito.
Esto refuerza la necesidad de que los usuarios tengan claridad sobre el verdadero alcance de la ley y abre la discusión sobre una propuesta más integral frente a las distintas modalidades de fraude.
El gremio coincide con advertencias previas realizadas por la SUGEF sobre problemas de diseño jurídico y operativo en el proyecto, así como sobre las dificultades prácticas para resolver los casos dentro del plazo de diez días hábiles que establece la iniciativa, tiempo que podría resultar insuficiente.
De no atenderse estos señalamientos, la Asociación advirtió que muchos reclamos podrían acumularse y trasladarse a instancias judiciales o penales, lo que implicaría mayores tiempos de resolución, más incertidumbre para las víctimas y un aumento en la carga para el Poder Judicial.
