ABC ahora señala que ley de estafas electrónicas “es desbalanceada y promueve el crimen organizado”

Tras darse a conocer la renuncia de los tres bancos públicos a la organización, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) dio un giro contundente en relación con su posición sobre el proyecto que obligaría a las entidades financieras a ser responsables por las estafas electrónicas.

En un comunicado compartido con la prensa, la ABC lamentó la dimisión del BCR, el Banco Popular y el Banco Nacional, a la vez que dejó claro que “el texto que se tramita bajo el expediente 23.908 es desbalanceado, genera inseguridad jurídica y promueve el crimen organizado”.

Un día antes, la ABC había señalado que el proyecto era balanceado y daba a las entidades financieras el espacio necesario para defenderse.

“La ABC lamenta profundamente la decisión adoptada por el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal de retirarse del gremio. Estas instituciones han representado históricamente una parte sustantiva del Sistema Bancario Nacional (…) Cualquier legislación debe construirse sobre bases técnicas sólidas, garantizar un equilibrio adecuado de responsabilidades y concentrar sus esfuerzos en perseguir y sancionar a los verdaderos responsables del delito”, dijo la organización.

El proyecto en cuestión fue aprobado en primer debate el miércoles anterior y todavía falta un aval en segundo debate para que sea ley de la República.

La nueva ley implica una mayor responsabilidad de las entidades financieras frente a las estafas electrónicas.

Y es que los bancos públicos y privados, y otras entidades financieras como cooperativas y mutuales, deberán asumir la responsabilidad y devolver el dinero a los usuarios que sean víctimas de estafas electrónicas, siempre que se confirme que el titular de la cuenta no actuó con dolo, incurrió en error ni realizó acciones que facilitaran la sustracción de los fondos.

Debido a la posición poco clara de la ABC, las tres entidades financieras estatales prefirieron renunciar.

“La decisión responde a un quiebre de confianza generado por las declaraciones públicas emitidas por la vocería de la ABC en relación con el proyecto de ley sobre estafas informáticas. Los análisis técnicos señalan que este proyecto presenta debilidades sustantivas y riesgos significativos para la estabilidad del sistema financiero, la seguridad jurídica y la protección efectiva de las personas usuarias”, indicaron los bancos públicos.