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"A 351 personas se le adeudan más de $72 millones como parte del Caso Aldesa": Luis Fernando Chacón

Ronny Gudiño ronnygudino.asesor@larepublica.net | Lunes 09 agosto, 2021 04:36 pm

Hombre de traje frente a porcentaje
Luis Fernando Chacón, diputado de Liberación Nacional. Archivo/La República


El polémico caso Aldesa no deja de tener reacciones, y el más reciente de esas fue del diputado liberacionista Luis Fernando Chacón.

En un discurso en la Comisión de Control Político, Chacón compartió algunos de los datos que se arrojan en el dictamen de la curadora específica de dicho caso, María José Vicente Ureña.

Por ejemplo, a 351 personas físicas se le adeudan más de $72,3 millones; y en cuanto a empresas, a 177 personas jurídicas el monto asciende a los $86,9 millones.

"Esta es gente que confió sus ahorros en un sistema financiero que ha demostrado ser vulnerable y expone a sus inversionistas; además, cuyas autoridades vigilantes, incumplen con la Ley Reguladora del Mercado de Valores", mencionó Chacón.

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En su participación arremetió contra el Poder Judicial por no resolver todavía las causas penales contra este grupo bursátil.

A su vez, cuestionó el rol de la Sugeval para evitar esos acontecimientos.

"Es una institución que pagamos todos los costarricenses, con jugosos salarios, para protegernos; y no proteger a los delincuentes de cuello blanco. Justo una entidad que fue creada posterior a la crisis de los años 90´s, para evitar situaciones como estas", agregó.

Recientemente el Juzgado en San José recibió una solicitud para que se declare a Aldesa en quiebra, ante señalamientos de presuntos incumplimientos en documentación.

Esos señalamientos incluyen el supuestamente alterar información contable, excluir a 13 sociedades anónimas fuera del país donde habría dinero de esta empresa, entre otros.

De ser comprobado, los representantes del grupo bursátil habrían manipulado información para poder seguir operando bajo las medidas preventivas que emitió la autoridad judicial.

La polémica arrancó en el 2019, cuando el grupo bursátil les comunicó a sus 500 inversores que se sometería a un proceso de intervención judicial, que implicaba la suspensión del depósito de intereses y la dificultad para devolverles el ahorro en un plazo no menor a tres años.

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En el proceso ha estado en análisis el plan de salvamento que proponían para lograr recuperar la liquidez de la entidad. el cual incluía el cierre del Puesto de Bolsa y fondos financieros para trasladar a otro fondo el dinero que custodiaba.


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