Las objeciones que se están atravesando al proyecto de Moín, aunque se parezcan a simple obstrucción, se deben más bien a condiciones que debieron ser tomadas en cuenta antes de adquirir el compromiso

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Grandes “detalles” descuidados

Resulta verdaderamente incomprensible que frente a la necesidad de poner a Costa Rica al día en infraestructura, las concesiones y contratos para ello (en tantas oportunidades) se hayan hecho sin investigar previamente los aspectos necesarios de manera que luego nada pudiera ser objetado y todo pudiera fluir sin inconvenientes.
Ante un nuevo caso de problemas de este tipo, es urgente encontrar soluciones viables para que no se retrasen las obras del megapuerto en Limón.
Las objeciones que se están atravesando no parecieran derivarse del simple hecho de obstruir, sino más bien de condiciones que debieron ser tomadas en cuenta antes de adquirir el compromiso, al menos en un país como el nuestro, histórico cuidador de recursos naturales.
Dichas condiciones tienen que ver, por ejemplo, con grandes “detalles” como el sitio escogido para construir (ambientalmente sensible), u otros como los antecedentes de la compañía que habría de encargarse de lo relacionado con las mejoras en la ruta 32, necesaria para el desarrollo del proyecto.
Esta se construiría mediante un préstamo del Banco de Exportaciones e Importaciones de China, que Costa Rica deberá luego pagar, por lo que era de rigor revisar los antecedentes o nexos (hoy cuestionados) de la empresa que se encargaría de esas obras con un costo de $465 millones.
Una vez más estamos ante el mismo panorama. La construcción de la terminal de contenedores en Moín, que tanto urge, empieza a sufrir retrasos por no haberse tomado en cuenta las condiciones ambientalmente convenientes del lugar elegido para las obras ni los antecedentes de una empresa que, como hemos dicho, se encargaría de los diseños, los costos y la construcción de las mejoras en la ruta 32.
Hacer ese tipo de estudios de previo a la firma de contratos, es una obligación ineludible de los gobiernos y se supone que, por eso, cada uno de ellos ejerce el poder rodeado de un equipo capaz de asumir esa y otras responsabilidades y salir adelante con buena nota.
El problema es que así no ocurre en la realidad y esto es lo que, entre muchas otras cosas, ha construido el enorme muro de desconfianza de la población hacia los gobiernos. Una desconfianza que nace de los repetidos hechos negativos para la economía nacional y las necesidades de la población y que, lamentablemente, genera cada vez mayor apatía del costarricense hacia la política. Una situación inconveniente a todas luces.