Al menos 15 personas motivaron investigación

Denuncia ciudadana generó allanamientos por refinería

Secuestro de documentos permitirá establecer si se cometieron delitos

Analizar documentos y contratos y es la labor que podría llevar al Ministerio Público a determinar si existen delitos en el caso de la construcción de una refinería en el país.

La creación de la empresa Soresco con capital de Recope y de la China National Petroleum Corporation, y el presunto exceso de pagos en beneficios salariales a los empleados de esta institución, levantaron las sospechas de las autoridades, además de provocar el malestar entre los ciudadanos que culminaron en una denuncia.
Una de las denuncias que dio pie a las investigaciones fue presentada por un grupo de ciudadanos.
El documento presentado ante el Ministerio Público cita textualmente en la página 12: “Conviene tener presente lo dispuesto en las Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría, auditorías internas y servidores públicos que señalan, en lo conducente, conflicto de intereses”.
Los allanamientos de este martes en las oficinas centrales de Recope, en las instalaciones de Soresco en Santa Ana y en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) forman parte de la causa que abrió el Ministerio Público.
Los posibles delitos que investiga la Fiscalía son influencia en contra de la Hacienda Pública, incumplimiento de deberes, peculado y prevaricato. Todavía no se presentan cargos contra ninguna persona.
La fase de recolección de pruebas permitirá a la Fiscalía Anticorrupción atar cabos y establecer si existen funcionarios involucrados que buscaron beneficios propios a costa de la empresa Soresco.
Un informe presentado ante la Defensoría de los Habitantes reveló que en los estados financieros de Soresco, se habrían destinado millonarios montos para el pago de beneficios a 26 altos ejecutivos chinos y para viajes a ese país asiático.
Los documentos indican que solo durante los primeros seis meses del año pasado la empresa habría pagado poco más de ¢500 millones destinados a costear los viajes a China, además del gasto de ¢2.165 millones para el salario de los empleados extranjeros.
Además de la denuncia, la semana anterior fue frenado el proyecto de construcción de la nueva Refinería debido a que se encontró un aparente incumplimiento en el estudio de factibilidad desarrollado por la empresa China, demostrado en un informe de la Contraloría.
“Vivimos en un estado de derecho, presentamos una denuncia ante las publicaciones que se dieron a conocer en medio de comunicación y ahora esperamos que se lleve a cabo la investigación a fondo para determinar si existe o no existe responsabilidad de los funcionarios”, aseveró el abogado constitucionalista Manrique Jiménez, quien forma parte del grupo de personas que presentó la denuncia.
El expediente fue abierto en la Fiscalía desde finales de 2012 y se le unió a la denuncia de los ciudadanos.
El conflicto de intereses por parte de algunos funcionarios también fue denunciado ante la Procuraduría de la Ética.
Los allanamientos son el primer paso de la investigación que lleva el Ministerio Público para profundizar en las relación de hechos que permitan establecer conclusiones y posibles líneas dentro de la investigación.

Manuel Avendaño
mavendano@larepublica.net