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57% de los médicos laboraba tanto en sector público como privado en 2015

Karla Barquero karlabarquero.asesora@larepublica.net | Martes 22 mayo, 2018 03:36 p. m.




Mientras que en 2011 el 33% de los médicos en el país implementaban la doble práctica médica (trabajar de manera simultánea tanto para sector público como privado), esa cifra se incrementó al 57% en 2015.

Así lo reveló una investigación realizada en la Universidad de Costa Rica (UCR).

El material fue analizado a partir de revisión bibliográfica y desde la mirada del ordenamiento jurídico costarricense. Además se contrastó con informes de Auditoría Interna de la Caja del Seguro Social y la Defensoría de los Habitantes.

El análisis permitió determinar a partir de casos documentados que, algunos médicos hacen uso de su tiempo público para atender su consulta privada o utilizan diversos insumos públicos para fines privados.

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Adriana Fernández, una de las investigadores, ejemplificó esto con el caso de seis médicos de la especialidad de Otorrinolaringología del Hospital Calderón Guardia que fueron investigados por incumplimiento de horarios, recibimiento de pagos por cirugías, así como la concesión de  múltiples permisos y licencias.

El análisis constató que la situación generó una pérdida de 1.280 horas laborales entre las concedidas sin goce de salario y las autorizadas como reducción de jornada horaria.

El informe de auditoría de la Caja indicó que ese tiempo habría permitido resolver hasta un 66,8% de las listas de pacientes en consulta externa y 72,9% en cirugías.

La investigación también reveló el uso de recursos públicos para la atención de consultas privadas como otra de las situaciones asociadas con la doble práctica médica, situación que ha sido documentada respecto al uso de equipos, recurso humano, infraestructura y tiempo público.

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Un ejemplo de esta situación se presentó en 2012, cuando se reportó el uso de materiales, instrumentos e infraestructura del Hospital Calderón Guardia para la fabricación de prótesis dentales que luego se ofrecían a pacientes de consulta privada de varios funcionarios del servicio.

Otra de las implicaciones del fenómeno señala las facilidades que podrían recibir los pacientes que cuentan con recursos para pagar una atención privada, pues lo médicos que laboran en ambos espacios podrían incurrir en cobros adicionales para facilitarles el ingreso a las listas de espera.

Estas situaciones generan desigualdad en el acceso a los servicios de salud pública, pues coloca la capacidad de pago como un criterio de elegibilidad adicional al aseguramiento.

Un ejemplo de esta situación se dio a conocer en 2015, cuando una asegurada pagó ¢2 millones para que el médico que la atendió en una clínica privada le diera una referencia para ser valorada en el sector público, luego de detectar una masa en una de sus mamas.

Las universitarias que investigaron advierten que el país lleve a cabo una discusión y análisis profundo que permita la implementación de medidas regulatorias acordes a esta doble práctica.


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