212 personas han sido sorprendidas poniendo su vida en riesgo este año ingresando al Volcán Poás y Turrialba
Multas de ¢2,3 millones pretenden evitar ingreso a sitios naturales peligrosos
Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Un total de 212 personas han sido sorprendidas en lo que va del año ingresando de forma ilegal a los parques nacionales Volcán Poás y Volcán Turrialba, según datos oficiales del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Lea más: Volcán Poás mantiene erupción con emisión continua de ceniza
La cifra es resultado de cuatro operativos conjuntos realizados por las autoridades ambientales en respuesta a una problemática que va en aumento.
Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía, lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para que no se deje engañar por operadores turísticos inescrupulosos que ofrecen estas “aventuras” a cambio de altas sumas de dinero.
“Lo que se debe tener claro es que las personas exponen por completo su seguridad sometiéndose a caminatas de alta dificultad, con pendientes muy fuertes, emanación de gases tóxicos de un volcán activo como el Poás y, eventualmente, verse seriamente afectado ante una posible erupción, en donde las consecuencias serían fatales”, advirtió Tattenbach.
El peligro no es menor: estos operadores no brindan equipo de protección, seguros ni asistencia en caso de emergencia
El volcán Poás permanece cerrado precisamente por actividad eruptiva reciente, mientras que el Turrialba también ha sido clausurado anteriormente por razones similares.
A pesar de estas advertencias, la búsqueda de la “foto perfecta” para redes sociales ha motivado a muchos a ingresar a zonas restringidas, sin medir las consecuencias.
Ante esta situación, el Minae solicita a los diputados acelerar la aprobación de un proyecto de ley que permitiría sancionar con mayor severidad a quienes promuevan y participen en estos ingresos ilegales.
La iniciativa propone multas de entre ¢1,3 millones y ¢2,3 millones tanto para operadores como para visitantes, y establece un cobro adicional de ¢2,3 millones en caso de que se requiera un rescate por parte de la Cruz Roja o el Minae.
“La ley actual solo permite emitir advertencias, y eso no es suficiente”, concluyó el ministro.
