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Debido a las dudas de la oposición, la comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso no pudo dictaminar un proyecto que haría más ágil la revisión de antecedentes penales por parte de todo el sistema judicial.
El proyecto denominado Ley para la Seguridad Nacional, Registral y de Archivos Judiciales establece que los jueces penales y de ejecución de la pena tendrán la obligación vinculante de consultar los antecedentes penales de las personas que juzgan.
Asimismo, señala que los asientos registrales se mantendrán vigentes de forma permanente e histórica, y amplía el plazo de antecedentes penales para certificaciones laborales a 15 años desde el cumplimiento de la pena.
“Costa Rica necesita una justicia firme que proteja a las familias. No podemos permitir que los antecedentes penales de delincuentes peligrosos queden fuera de las decisiones judiciales. Nuestra prioridad es proteger a las personas honestas y brindar a las autoridades las herramientas necesarias para combatir a los criminales”, dijo Gonzalo Ramírez, presidente de la comisión, quien lamentó que el proyecto no pudiera avanzar en las sesiones ordinarias del Congreso.
Según el diputado, no es de recibo que el PLN, el Frente Amplio y el PUSC busquen frenar, por revanchismo político, iniciativas que tienen como objetivo proteger a las familias costarricenses y combatir la criminalidad.
Ramírez expresó que Pueblo Soberano seguirá presionando para dictaminar el plan.
Los legisladores de esos partidos dudan del plazo de 15 años para las certificaciones laborales.
