En el diagnóstico todos estamos de acuerdo: nuestros problemas de delincuencia se han incrementado en las últimas dos décadas particularmente por los recursos y la violencia con la que actúan los antisociales. Frente a esa realidad, las políticas públicas no han sido lo rigurosas, integrales y efectivas que todos reclamamos como para que sintamos que la policía realmente nos protege y que el peso de la ley recae con toda rigurosidad (además, pronta y cumplida) sobre los transgresores.
Con todo, Costa Rica es el cuarto país más seguro de América Latina. Pero ocupamos el primer lugar de la región en la percepción de inseguridad. Eso significa que el temor supera por mucho la realidad misma y que gracias, entre otros factores, a una agenda mediática que privilegia en extremo los sucesos y a sus protagonistas (mezclados todos, porque es lo mismo un asesinato por robo, que un accidente de tránsito, un caso de violencia familiar o un ser humano que fallece ahogado por dolorosa imprudencia) hemos llegado al convencimiento como nos sucede en muchas otras áreas de nuestra vida y en simetría con nuestra idiosincrasia, que todo está perdido; que la democracia no funciona, que los políticos todos son corruptos, que la plata no alcanza y que, por supuesto, ya no se puede vivir en este país porque está “tomado” por los delincuentes.
* *
Bajo esa premisa surge una campaña cuyo leif motiv es “vivimos bajo la ley del hampa”. Esta campaña elabora sus mensajes bajo el precepto de “mandamientos” y los mandamientos tienen carácter de dogma, pero además con imágenes y efectos sonoros que tienen una connotación claramente violenta. Y me pregunto: ¿es esa la reacción que se pretendía? ¿Violencia con más violencia?
No estoy poniendo en tela de duda la honorabilidad de las personas que desde las cámaras empresariales, los medios de comunicación y las agencias de publicidad han puesto sus recursos para hacer esta campaña. En absoluto.
Pero tengo severas reservas en cuanto a dos asuntos sustantivos: ¿cuál era el sentido, la necesidad de hacer una campaña de este tipo llamando la atención de los tres Poderes de la República, apenas un mes después de que el gobierno enviara un presupuesto extraordinario de ¢14 mil millones para dar más recursos a las fuerzas policiales y unos días después que se remitiera al Congreso un paquete de proyectos de seguridad ciudadana para reformar, entre otras, leyes excesivamente laxas que permiten liberar a los delincuentes? Por otro lado, ¿cómo dejar en manos de comunicadores no especializados en criminología un asunto tan delicado como la formulación de mensajes de una campaña que tiene como eje central un tema de política pública que es de competencia constitucional del Estado? ¿Por qué no fueron consultados expertos en la materia? ¿Por qué no se pusieron estas personas y organizaciones a la orden de las autoridades gubernamentales para articular un debate nacional y presentar un abanico de soluciones y alternativas frente a la delincuencia?
Porque lamentablemente, al menos en esta primera etapa, la campaña no aporta nada a ningún debate más que sobre ella misma.
Desgraciadamente el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Y no necesariamente es suficiente querer hacer algo para asumir que se hace bien. Tenemos problemas de seguridad ciudadana. Pero debemos tener mucho cuidado respecto de cómo los abordamos. Porque si emprendemos campañas unilaterales como esta sabremos cómo empiezan pero de ninguna manera hasta dónde podrían conducirnos. Otros países hermanos ya han vivido esta experiencia. No estamos vacunados contra nada.
Y un mensaje de odio en una población atemorizada puede, ciertamente, generar muchos adeptos. El tema es si eso nos conducirá realmente a recuperar la paz.
En lo inmediato, ahora les corresponderá al gobierno y a la nueva Ministra de Seguridad Janina del Vecchio el desafío de recuperar un poco de la credibilidad de la gestión rectora de esa cartera, lo que implica recuperar la conducción y el liderazgo que esta institución del Estado costarricense debe tener sobre los temas de la seguridad y la delincuencia. Porque esto de ninguna manera puede estar en manos privadas.
En el diagnóstico todos estamos de acuerdo: nuestros problemas de delincuencia se han incrementado en las últimas dos décadas particularmente por los recursos y la violencia con la que actúan los antisociales. Frente a esa realidad, las políticas públicas no han sido lo rigurosas, integrales y efectivas que todos reclamamos como para que sintamos que la policía realmente nos protege y que el peso de la ley recae con toda rigurosidad (además, pronta y cumplida) sobre los transgresores. 
