Urgen pragmatismo y sensatez para enfrentar la pandemia

En su famosa obra “El Príncipe” decía Nicolás Maquiavelo que “en todas las cosas humanas, cuando se examinan de cerca, se demuestra que no pueden apartarse los obstáculos sin que de ellos surjan otros.” Toda política pública para manejar el COVID19, tanto en nuestro país como alrededor del mundo, tendrá como consecuencia el surgimiento de nuevos obstáculos para la sociedad. Considerando ese delicado balance, el país necesita una visión integral, cuyo propósito no sea solamente el factor salud que hasta ahora ha sido entendido únicamente como el paciente con COVID. Al dejar el manejo de la pandemia en manos de las autoridades de salud, el Presidente de la República no ha sabido conciliar los intereses diversos de la población. El país enfrenta una crisis social y económica que debe ser abordada con base en criterios técnicos propios de las ciencias económicas y no solamente por aquellos de carácter médicos y biológico. Pero, ante todo, deben imperar el pragmatismo y la sensatez: no puede salir más caro el remedio que la enfermedad.

Si bien el manual de las pandemias no ha sido escrito, y en retrospectiva todos creemos saber cuál habría sido la mejor forma de actuar, creo útil describir la forma de proceder de otros gobiernos alrededor del mundo, para poner en perspectiva el actuar del nuestro. Expongo el caso de Holanda, un país que ha demostrado por décadas priorizar la salud y el bienestar de su población, con programas sociales enfocados en los grupos más vulnerables. Las autoridades holandesas han actuado de manera ejemplar. Una vez a la semana, el primer ministro se dirige al país para informar sobre las normativas vigentes, las cuales están accesibles y resumidas en un sitio oficial.

Estas normativas han sido claras y sencillas desde el inicio: reducción en la capacidad de las tiendas y restaurantes, uso de mascarillas, protocolos de sanitización del transporte público, mantener la distancia con otros y cuarentena para quienes presenten síntomas, hasta que se examinen y el resultado sea negativo. Para personas vulnerables como adultos mayores y discapacitados hay una línea de emergencia y ayuda. Se recomienda trabajar desde la casa tras convenir con el empleador, evitar aglomeraciones y lavarse las manos a menudo. ¿De dónde provienen estas medidas tan pragmáticas y sensatas?

Holanda formó de emergencia un comité de brotes e infecciones no político para la atención de la pandemia, que funge como consejero a las autoridades de gobierno. Este comité tiene como objetivo informar con base en sus credenciales científicas sobre la situación actual, proponer medidas y evaluar los riesgos e incertidumbres asociadas a las mismas. Las calificaciones de sus integrantes son impresionantes: la mayoría son expertos en temas relevantes y ocupan muy altos grados académicos y profesionales dentro de la comunidad científica. Dicha lista es de conocimiento público. Para formar parte del comité los miembros deben firmar una declaración jurada donde aseveran que no tienen conflicto de interés y que a la vez hablan en calidad de profesionales, no con fines políticos. El comité redacta un informe periódicamente para el Ministerio de Salud y Bienestar, y el ministro discute las recomendaciones con el gabinete en pleno.

Pero el gabinete no solo escucha el criterio relativo a la salud. Además, la comunidad científica económica aporta sus estudios sobre aspectos conductuales, porque, al fin y al cabo, la pandemia es un fenómeno social también. Estos análisis buscan comprender el efecto sobre la salud emocional y psicológica de las políticas de contención, ya que es necesario cuantificar (aunque sea de manera aproximada) los costos que conllevan la restricción a la movilidad de las personas y el distanciamiento social, así como el impacto que una baja en la actividad económica tiene sobre su calidad de vida. Por último, el gabinete decide con el criterio de los ministros de varias carteras y de forma no politizada, sobre las medidas a tomar.

Ahora, de vuelta a Costa Rica, donde hemos visto un manejo de la pandemia exclusivo de las autoridades de salud, cabe preguntarnos ¿vale la pena sumir al pueblo en la miseria, destruyendo su calidad de vida en las décadas por venir, con la expectativa de quizás salvar unas cuantas vidas? ¿Existen alternativas que nos permitan salvar vidas y salvar calidad de vida simultáneamente? El gobierno anda sin rumbo, declarando alertas multicolores con poca consistencia, y restricciones vehiculares que fomentan aún más las aglomeraciones en el transporte público. En medio del desorden, producto de las políticas cambiantes, el caos, la desesperación y el hambre, poco a poco se doblega el espíritu de las personas, decae el ánimo, y se apagan muchos sueños. Costa Rica puede hacer frente a esta pandemia balanceando los objetivos de la sociedad de forma pragmática, tomando mano de las valiosas instituciones públicas que hemos construido como país.

En vez de restringir la vida de todos por la salud de un grupo vulnerable, debemos proteger a este último imponiendo el menor costo posible a la población general. Para ello, el Gobierno debe decretar una incapacidad laboral emitida por la CCSS, de la misma que se emiten incapacidades de salud, para todas las personas que tengan factores de riesgo cuyo trabajo no puede desempeñar remotamente. También deben calificar para dicha incapacidad personas que sean los cuidadores principales de adultos mayores u otras poblaciones en riesgo. Para el resto de las personas, el COVID19 no representa riesgo mayor al que ya toman en sus vidas diarias. Realmente, a estas alturas de la pandemia no tiene sentido social y económico alguno restringir al 90% de la población, cuando podemos enfocar los recursos institucionales y económicos para resguardar al 10% vulnerable. Urge conciencia en nuestros gobernantes para despolitizar el manejo de la pandemia y así poder llegar a medidas más sensatas que balanceen las diferentes necesidades sociales y económicas que enfrenta la población.