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Miércoles, 11 de diciembre de 2019



COLUMNISTAS


Un cambio urgente en educación

Un llamado a los poderes del Estado y a la Defensoría de los Habitantes

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 25 noviembre, 2019


No puede haber seguridad de contar con buenos docentes impartiendo lecciones eficientes y pertinentes, si continuamos nombrándolos sin examinar sus conocimientos. Claro, además debemos apoyarlos al inicio de su ejercicio profesional para que adquieran el arte de enseñar como lo hace un médico con su internado, y evaluarlos regularmente para complementar su formación y actualizar sus conocimientos.

El Reciente Informe del Estado de la Educación plantea repetidamente “la necesidad de realizar esfuerzos extraordinarios para transformar, rápida y decididamente, el statu quo en … particular, en la formación, selección y evaluación formativa y acompañamiento docente”

Ese ha sido mi clamor. La educación depende de lo que pase en el aula cuando el docente enseña y forma. No se puede tener un buen sistema educativo si no se utiliza bien el tiempo de impartir la lección, trasmitiendo conocimientos y formando al alumno en las habilidades intelectuales y blandas o interpersonales requeridas para su éxito en la vida. No importa cuantos recursos se destinen a la educación, cuan buenos sean los programas y las metodologías educativas ni cuanta tecnología haya en el aula, sin buenas lecciones no hay sistema educativo bueno. Sin maestros capacitados no puede haber buenas lecciones.

Hay que empezar por el principio, y urge hacerlo.

El 7º Informe sobre el Estado de la Educación lo señala: “Frente a la renovación del personal docente que se dará en los próximos años, es clave que el MEP tenga un mayor protagonismo al escoger a los futuros profesores” Se debe acatar el mandato de constitucional del artículo 192 de la Constitución y nombrar a los servidores públicos “a base de idoneidad comprobada” y ello no se cumple respecto a los más importantes de nuestros profesionales en el gobierno: los docentes que forman y enseñan a nuestros jóvenes y niños. De las habilidades y valores que adquieran nuestros estudiantes dependen el progreso, la igualdad de oportunidades y la paz de nuestra sociedad en el siglo XXI.

Es difícil de creer, pero es verdad, se nombra a sus maestros sin constatar sus conocimientos.

Cuando, en el ejercicio de la Presidencia, pregunté al magnifico Ministro de Educación don Guillermo Vargas -quien fue profesor de matemáticas- la razón de la baja aprobación en esa materia en las pruebas de bachillerato, concluimos que se trataba de que era el área en que había mayor proporción de educadores no graduados.

Años después encontré que la baja aprobación en matemáticas se mantenía, pero ahora prácticamente todos sus profesores eran graduados universitarios.

La razón: ¡Se contrata a los docentes sin constatar su conocimiento de la materia que van a impartir!

Por eso me alegré y publiqué varios artículos encomiando las resoluciones de la Sala Constitucional que obligaron al gobierno a que para contratar profesionales “se evalúen aspectos relacionados con el razonamiento verbal, numérico o abstracto, así como conocimientos científicos atinentes al ámbito profesional objeto del concurso respectivo” (resolución de la Sala Constitucional 12-007163 del 29 de mayo de 2012). Posteriormente la resolución 2013-015697 amplió el plazo para su ejecución a siete años y seis meses que se cumple el 4 de junio de 2021 y yo entendí que indicaba que cubría a los docentes.

El Informe de la Educación urge la aplicación de esas resoluciones. Y yo las creía eran la solución.

Pero durante la celebración del 50 Aniversario del Colegio de Economistas, don José Joaquín Arguedas, quien era Director del Servicio Civil cuando se dictaron esas resoluciones, me señaló que él había solicitado la aclaración a la primera resolución motivando la segunda, que bien entendida más bien excluye a los docentes de su aplicación, por estar regulada e manera específica su contratación por normas del Titulo II del Estatuto de Servicio Civil.

Esta circunstancia torna urgente la aprobación del proyecto de ley que establece la obligatoriedad de un examen de idoneidad en los requisitos de contratación para carrera docente. Esa necesaria iniciativa se tramita por la Comisión de Tecnología y Educación, en el Expediente Legislativo 21631 presentado por el Diputado Wagner Jiménez.

Con vehemencia insto al Poder Ejecutivo a incluir este proyecto en su convocatoria a sesiones extraordinarias, y a los señoras y señores diputados a tramitarlo con la prioridad que amerita.

La Defensoría de los Habitantes en cumplimiento de sus funciones debería incoar un recurso de inconstitucionalidad contra el Titulo II del Estatuto de Servicio Civil por no dar cumplimiento al mandato irrefutable del artículo 192 de nuestra Constitución. No soy partidario de justicializar la política, pero si de que se cumpla la constitución.




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