(Video) Silencio será considerado como oro invisible en proyecto que regularía la contaminación sónica
Multas y suspensión de permisos sanitarios a locales y comercios que superen límites de ruido permitidos se incluyen en la propuesta
Bajo la premisa de que el silencio es oro invisible, el despacho del diputado del Frente Amplio Antonio Ortega y representantes de la sociedad civil unieron esfuerzos para presentar un proyecto de ley que regularía la contaminación sónica y, más importante aún, promover paisajes sonoros positivos.
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Y es que está comprobado que los ambientes públicos silenciosos permiten una mayor concentración, a la vez que ayudan a proteger la salud mental y física, y, por supuesto, permiten un mejor descanso.
“Con este proyecto, hablamos de introducir y promover el concepto de paisajes sonoros positivos como una concepción vinculada al derecho a la ciudad, al bienestar, a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, señaló el diputado frenteamplista.
La iniciativa reafirma la rectoría del tema en el Ministerio de Salud y el deber de la Fuerza Pública de auxiliar a dicho Ministerio en las labores de fiscalización y control de la contaminación sonora.
“Apostarle a la paz sonora protegiendo entornos con sonidos positivos implica, por un lado, un ahorro sustancial de costos y gastos públicos en salud; por otro, el vivir libre de ruido impulsa la productividad a nivel educativo, empresarial y nacional. La paz en los oídos trae prosperidad a los bolsillos”, dijo Eduardo Sasso, ingeniero industrial especializado en transformación social empresarial y coordinador general de Costa Rica Sin Ruido.
Por otra parte, la propuesta establece multas económicas y hasta la suspensión de permisos sanitarios a locales y comercios que superen los límites de ruido permitidos.
En ese sentido, se establece una multa de ¢389 mil, equivalente a un salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial, para aquellas personas físicas que reincidan luego de ser apercibidas en una primera y única ocasión.
Para las empresas, se fija la suspensión del permiso de salud por seis meses, que se elevaría a un año si reinciden luego de pagar la multa correspondiente para volver a operar.
Además, se introduce la participación de los gobiernos locales en la tarea de prevención, control, monitoreo y fiscalización territorial.
“En todo momento, el Ministerio de Salud tendrá que especificar la variable de contaminación sonora para entregar la autorización y permiso sanitario de funcionamiento a comercios y empresas”, detalló el legislador frenteamplista.