“Sería un error e ilegal ponerle impuestos a las zonas francas, nos podrían demandar”

Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy, ha insistido en el costo que tiene para el país no alcanzar un pronto acuerdo en la mesa de diálogo.

Junto a un grupo de especialistas ha planteado sugerencias en materia de reactivación, reducción del gasto y mejora de ingresos a través de foros y una carta dirigida al presidente Carlos Alvarado.

Para ampliar sobre las recomendaciones que ha puesto a discusión, LA REPÚBLICA conversó con el economista y esto fue lo que nos dijo.

¿Qué tan urgente es que la mesa de diálogo finalmente tenga acuerdos para poder negociar con el FMI?

Sí es urgente por las expectativas del mercado, porque no estoy claro si las reuniones del Fondo Monetario Internacional son trimestrales, en cuyo caso debería correr a este mes a presentar una propuesta porque, de lo contrario, quedaría hasta marzo del 2021.

Usted en su carta al presidente habla de exoneraciones que deben revisarse, pero ha sido insistente en que no se deben tocar las zonas francas, ¿por qué?

El último estudio de exoneraciones es del 2018, en ese momento se estimaba que las exoneraciones representaban 5,5% del PIB, pero eso llevaba a que casi 2,5 puntos estaban exentos del IVA y sabemos que eso se cambió con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

De manera que ahora en lo que está exonerado, el impacto en el PIB es de unos 3,5 puntos, de los cuales, el régimen de zonas francas es un 1%...sería un error, en mi criterio, ponerle impuestos a las zonas francas, aparte de que sería ilegal, nos podrían demandar porque hay un contrato de no impuestos.

Además, ahuyentaría la Inversión Extranjera Directa que es necesaria para generar empleo y para estabilizar la balanza de pagos por la llegada de $2.500 millones al año que ingresan por ese concepto.

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¿Cuáles exoneraciones sí podrían revisarse?

Lo que queda dentro de las exoneraciones, pues ahí están los salarios que no pagan impuestos hasta ¢840 mil, y luego, estoy de acuerdo con lo propuesto por el gobierno de eliminar exoneraciones al salario escolar, a las cooperativas, Sutel, Caja de Ande…

Y hay otras exoneraciones en cuanto a lo que es el IVA, básicamente que haya tarifas diferenciadas para salud, educación, seguros, que están en tasas del 4% o 5%, o incluso en salud si se paga con tarjeta no se cobra el IVA.

También está la exoneración de la canasta básica, cuando en otros países lo que han hecho es que se elimina esa exoneración y se le devuelve a los deciles más bajos el IVA que pagaron.

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Usted propuso alternativas en materia de activos, ¿por qué cree que hay tanta resistencia del gobierno en ese apartado?

Es un cálculo totalmente político, consideran que se podrían afectar intereses de determinados grupos que están protegidos en esas entidades, y pues, no quieren asumir ese costo político.

La solución que yo he propuesto de una democratización del capital de esas empresas, sin que el gobierno renuncie a toda su participación, me parece que es una opción viable que les podría ayudar a rescatar recursos para amortización.

Sería una participación 60% fondos de pensión o la Caja y 40% el Gobierno.