Sala IV e ingobernabilidad

Al acercarse a los 20 años de existencia, la Sala Constitucional enfrenta el reto innegable de modernizarse para mejorar los procesos de defensa de los derechos de las personas y no convertirse en un vehículo de mayor ingobernabilidad.

Costa Rica sufre el problema de ver frenado su desarrollo debido a que muchas de las propuestas para avance y prosperidad quedan atrapadas durante largo tiempo, mientras la Sala IV, como también se le llama, pueda dictaminar sobre ellas.

Decisiones que se toman, o que deberían tomarse en los otros poderes de la República, terminan discutiéndose en este tribunal.

Esto ocurre principalmente por dos factores. Por un lado, las diferentes propuestas y proyectos de ley en ocasiones están deficientemente elaborados y contienen puntos de roce con la Constitución, por lo cual pasan a engrosar el cada vez más voluminoso paquete de documentos que la Sala IV debe revisar y resolver. Por otra parte, el abuso en la presentación de recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad que son rechazados por esa Sala por considerar que no tenían fundamento válido, pero sin que se haga responsables a quienes abusaron.

Desde su creación, el Tribunal Constitucional ha pasado de analizar unas 2 mil quejas anuales a casi 20 mil. De ellas cerca de un 60% no corresponde.

Ante ello, se hace necesario aligerar el peso y generar así mayor efectividad en los plazos de trabajo de la Sala Constitucional.

Propuestas existen. Estas deben ser discutidas con seriedad y prontitud por los órganos competentes.

Resulta contradictorio que en gran medida las quejas de ingobernabilidad y del papel de la Sala IV provengan en muchas ocasiones del seno del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa.

Ambos son los que poseen el poder y las armas para reformar las leyes y —de existir verdadera voluntad política— aligerar el trabajo de los magistrados y con ello hacer avanzar el país.

Del lado de los ciudadanos y de quienes hacen uso de su derecho constitucional, también debe existir una cuota de responsabilidad, para no caer en la presentación de casos improcedentes que solo entorpecen los procesos y restan valioso tiempo de otros que también luchan por sus derechos.