Rosales pide asilo ante "persecución política"

Líder opositor enfrenta caso por presunta corrupción

Rosales pide asilo ante “persecución política”

Alcalde de Maracaibo se encuentra en la clandestinidad desde la semana pasada

Caracas

EFE

El líder opositor venezolano y alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, rehuyó ayer la justicia, que califica de “amañada”, y ha optado por buscar asilo político en algún “país amigo”, informó el presidente de su partido, Omar Barboza. Rosales estaba convocado para ayer en un tribunal de Caracas para una audiencia preliminar por un caso de presunta corrupción y enriquecimiento ilícito, pero prefirió no presentarse.

Ante ello, la audiencia fue diferida para el 11 de mayo, informó Morris Sierraalta, uno de sus abogados.

El aplazamiento se produjo poco después de que Rosales decidió no presentarse a la audiencia preliminar a la que estaba convocado, y sus aliados anunciaron en una rueda de prensa que tramitan un asilo político en un “país amigo” a su favor.

El presidente del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), fundado por Rosales, Omar Barboza, señaló que la comparecencia de éste ante una corte “sería un sacrificio inútil”, dadas las “evidencias” de que el juicio en su contra está “amañado”.

Barboza reiteró la denuncia de “persecución política” a la que, dice, es sometido Rosales y toda la oposición venezolana.

Manuel Rosales, quien fue gobernador reelecto del estado petrolero del Zulia, fronterizo con Colombia, y quien resultó electo como alcalde de Maracaibo en las pasadas elecciones regionales de 2008, se encuentra en la clandestinidad desde la pasada semana, en “resguardo de su seguridad”, reiteran los dirigentes de UNT.

“Son muy evidentes las pruebas que tenemos de que Manuel Rosales es un perseguido político”, afirmó Barboza, al citar un documento supuestamente emitido por la corte que asumió el caso, en el que se ordenaría encarcelar al alcalde antes de la audiencia preliminar.

Además, Barboza señaló en rueda de prensa que Rosales dirigirá un mensaje al país en la “próximas 48 horas”.

En una “carta pública” difundida la pasada semana, el principal opositor venezolano señaló que el caso de corrupción en su contra es un supuesto montaje del “chavismo” en “venganza”, porque ha sido derrotado por él y sus aliados “una y otra vez en el Zulia”.

Chávez ha señalado reiteradamente su intención de encarcelar a Rosales, a quien ha vinculado en numerosas ocasiones no sólo con la corrupción, sino también con el “narcotráfico y el paramilitarismo”.

“Estoy decidido a meter preso a Manuel Rosales (...); sépalo el Zulia y Venezuela, porque una calaña como esa debe estar en prisión, no puede estar suelto”, señaló Chávez el pasado 26 de octubre, algo que repitió luego insistentemente.

Por su parte, el diputado oficialista Mario Isea, quien presidió la comisión legislativa que investigó y pidió a la Fiscalía el enjuiciamiento de Rosales, acusó a éste de no haberse dedicado a “desvirtuar las acusaciones” en su contra, “sino a denunciar persecución” política.

Para Carlos Escarrá, también diputado oficialista, Rosales “huye cobardemente de la justicia venezolana ante la que dijo en todo momento que iba a comparecer”.

La esposa de Rosales, Evelyng Trejo de Rosales, encabezó la mañana de ayer una concentración en Maracaibo en apoyo del alcalde, en la que emplazó a Chávez a que lleve el juicio a su marido ante un “tribunal imparcial y justo”.

Ante la ausencia de Rosales, el oficialista Giancarlo Di Martino y ex alcalde de Maracaibo señaló ayer que pedirá al poder electoral regional se declare abandono del cargo y se convoquen nuevos comicios a alcaldía.

En las últimas semanas, el cerco a la oposición venezolana se ha venido estrechando con la detención del ex ministro de Defensa y antiguo aliado de Chávez, el general Raúl Baduel, también por un supuesto caso de corrupción.

Asimismo, la justicia venezolana sentenció a tres comisarios policiales, quienes estaban a la orden del entonces alcalde de Caracas, el opositor Alfredo Peña, por su responsabilidad en los asesinatos que precedieron al golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez.

Los acusados, considerados por la oposición como “presos políticos”, no fueron beneficiados con la amnistía que Chávez otorgó en diciembre de 2007 a personas implicadas en el golpe.

El presidente venezolano alabó estas recientes acciones como una “brisa fresca” para la justicia venezolana.