Ambos factores, según el Informe Estado de la Nación 2025, están provocando pérdidas económicas considerables, afectando la competitividad del país y ampliando las brechas sociales y territoriales. Cortesía/La República
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Costa Rica enfrenta serias dificultades que amenazan su capacidad de crecimiento: el deterioro de la infraestructura vial y el aumento sostenido de la criminalidad.
Ambos factores, según el Informe Estado de la Nación 2025, están provocando pérdidas económicas considerables, afectando la competitividad del país y ampliando las brechas sociales y territoriales.
Durante la última década (2014-2024), la inversión en infraestructura de transporte apenas promedió el 0,8% del PIB, una cifra muy por debajo de las necesidades del país.
Desde 2020, la cifra cayó incluso al 0,5% del PIB, cuando el Plan Nacional de Transportes 2011-2035 estimaba que se requería destinar al menos un 4% del PIB anual entre 2019 y 2035 para alcanzar niveles adecuados.
Esta falta de inversión se refleja en el atraso y los sobrecostos de las principales obras públicas.
De acuerdo con Luis Vargas Montoya, investigador adjunto del Estado de la Nación, las deficiencias en la gestión y ejecución de obras tienen un costo económico elevado.
Solo en 2024, las empresas habrían perdido ingresos equivalentes al 1,58% del PIB debido a la ineficiencia del sistema de transporte. Vargas ejemplifica con el caso del puente sobre el río Tempisque, donde un cierre parcial de 121 días implicaría pérdidas que superarían el valor de reposición del propio puente.
Una ola de violencia que frena el desarrollo
A los problemas de infraestructura se suma una creciente crisis de seguridad.
Y es que, con una tasa de homicidios de 16,6 por cada 100.000 habitantes en 2024, el país atraviesa lo que la OMS clasifica como una epidemia de violencia.
Los 38 cantones con tasas más elevadas concentran el 62% de la producción nacional, lo que evidencia el impacto directo del crimen en los territorios más productivos.
El análisis del Estado de la Nación revela un patrón preocupante: en las zonas donde la criminalidad aumenta, la actividad industrial se contrae, mientras que el comercio registra un crecimiento aparente.
Sin embargo, este auge comercial no responde a un desarrollo genuino, sino a las operaciones del crimen organizado, que utiliza pequeños negocios locales como fachada para lavado de dinero y logística.
La combinación de infraestructura deficiente e inseguridad creciente configura, según el informe, un panorama de alto riesgo económico.
La falta de inversión pública y la débil capacidad institucional para contener la violencia limitan la competitividad del país, afectan la generación de empleo y profundizan la desigualdad entre regiones.
El documento concluye que Costa Rica necesita aumentar de forma sostenida la inversión pública en infraestructura estratégica, mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos y fortalecer el mantenimiento vial. Paralelamente, urge implementar una política de seguridad con enfoque territorial, capaz de reducir la criminalidad y sus efectos sobre la productividad y la cohesión social.
