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Reforma fiscal: Una oportunidad para la seguridad jurídica

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El Código de Normas y Procedimientos Tributarios reafirma el principio constitucional de legalidad en materia tributaria, al imponerle exclusivamente al legislador la función de crear o modificar impuestos; así como definir sus elementos esenciales, entre otros: los obligados al pago, el hecho económico que genera el impuesto y el monto que debe pagar cada contribuyente.

Así las cosas, en materia de impuestos, las reglas que regulan las relaciones entre el Estado y los contribuyentes deben ser cristalinas y estar más allá de cualquier interpretación de parte de la Administración Pública que los gestiona. Es decir, las normas que facultan al Estado a tomar una porción de la riqueza de los ciudadanos deben ser claras, pues definen la extensión de la obligación tributaria.
El margen de interpretación por parte de la Administración Tributaria, no puede exceder el contenido de la norma en cuestión y en ningún caso, esa interpretación puede usurpar la reserva de ley arriba indicada.
En los últimos años se ha acusado a la Administración Tributaria, en no pocas ocasiones, de exceder sus facultades de interpretación y exigir el pago de impuestos bajo supuestos no contemplados en la Ley. Sin pretender analizar casos específicos, este foro es la oportunidad para hacer un llamado al legislador (al actual o al que venga en el futuro cercano) para que no se deje escapar la oportunidad de modernizar nuestras normas tributarias.
Si el ambiente político permite la discusión de una reforma fiscal, es conveniente que los dos pilares de nuestro sistema tributario, a saber: el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto General sobre las Ventas, sean objeto de una revisión que permita que esas normas sean eficientes en el contexto económico contemporáneo.
Es el deber del legislador ejercer su función a cabalidad y dotar a la Administración Tributaria de normas claras que le permitan a esta última actuar de forma eficiente. La existencia de normas actualizadas evitará recurrir a las interpretaciones que se han acusado en el pasado.
Esa eficiencia por parte de la Administración Tributaria se traducirá en actuaciones apegadas a la ley y seguridad jurídica para el administrado. Es decir, el margen para interpretaciones se reducirá en el tanto las normas tributarias se encuentren más cerca de la realidad que buscan regular. En este punto debemos reconocer que la Administración se ha visto obligada a interpretar en razón de la obsolescencia de las Leyes fruto de la inercia del Congreso.
Es necesario que cualquier reforma fiscal, previa discusión referente a creación de nuevos impuestos, busque mejorar la estructura de los ya existentes y contemple mecanismos de recaudación eficientes para los ciudadanos y la Administración.
Esto ayudará a mantener la imagen de Costa Rica como un país respetuoso del bloque de legalidad vigente en el cual el riesgo jurídico, especialmente tributario, es bajo. Lo anterior es importante de cara a las calificadoras internacionales y a potenciales inversionistas.

Randall Madriz

Abogado de impuestos
[email protected]

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