Reforma constitucional de Chávez avanza
| Miércoles 17 octubre, 2007
Reforma constitucional de Chávez avanza
Parlamento inició último debate del polémico proyecto del mandatario venezolano
Caracas
EFE
La Asamblea Nacional (AN) venezolana inició ayer la tercera y última discusión del proyecto de reforma constitucional impulsado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y rechazado por la oposición.
Se preveía que la propuesta de modificación sea aprobada sin mayores inconvenientes este mismo mes por el pleno del legislativo, de 167 miembros, todos afectos al gobierno debido a un boicot opositor en las elecciones de 2005.
Se requieren los votos de dos terceras partes (111 diputados) del pleno para aprobar la reforma, lo que parece estar garantizado pese a que tres partidos minoritarios considerados oficialistas hasta hace pocas semanas (Podemos, Patria Para Todos (PPT) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV)) se han expresado contrarios a algunos puntos de la propuesta que será debatida artículo por artículo.
Al proyecto presidencial de reforma de 33 de los 350 artículos de la Constitución de 1999, una comisión especial parlamentaria sumó otros 25, por lo que el pleno legislativo discutirá 58 artículos.
Entre las propuestas más polémicas presentadas por Chávez están la reelección presidencial indefinida, varios tipos de propiedad además de la privada, la eliminación de la autonomía del Banco Central y la creación de territorios federales por decreto.
La eliminación de los derechos a la información y al debido proceso durante los estados de excepción que decrete el gobierno, y bajar la edad para votar de 18 a 16 años, son algunas de las polémicas modificaciones añadidas por la llamada comisión mixta parlamentaria, integrada por la directiva de la AN.
La oposición y los partidos Podemos, PPT y PCV han calificado de “inconstitucional” la adición de nuevos artículos por parte del Legislativo al proyecto presentado por Chávez.
El diputado de Podemos Ricardo Gutiérrez reiteró este martes que la mayoría oficialista “está vulnerando de manera vergonzosa los preceptos constitucionales” al ampliar la reforma, y responsabilizó a Chávez y a la directiva de la AN de su aprobación “ilegal”.
La presidenta de la AN, Cilia Flores, rechazó que sea “inconstitucional” añadir nuevos artículos a la propuesta de Chávez y sostuvo que la Carta Magna otorga esa potestad al Legislativo.
Ismael García, otro diputado de Podemos, también reiteró la crítica de la supuesta celeridad con la que el “chavismo” pretende aprobar la reforma, con el argumento de que “más de un 70 por ciento de la población desconoce” su contenido, lo que el oficialismo niega.
Esa posición le ha valido a Podemos y a sus dirigentes los calificativos de “estiércol y traidores” por parte de Chávez, quien hace dos semanas decretó que ese partido “ya es de oposición”.
Chávez también ha hecho énfasis en que la aprobación de la reforma es “indispensable” para la continuidad del proceso revolucionario, con el que ha prometido a los venezolanos instaurar un régimen de “equidad, justicia y paz” en el país petrolero.
Pero la oposición venezolana y organismos humanitarios locales e internacionales han señalado que la reforma atenta contra la democracia y es un retroceso para los Derechos Humanos en el país.
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) alertó este martes que si es aprobada la eliminación de los derechos al debido proceso y a la información “se le permitiría al presidente Chávez invocar el estado de emergencia para justificar la suspensión de derechos que son intocables bajo la ley internacional”.
El abogado constitucionalista y opositor venezolano Hermann Escarrá ha aseverado que eliminación de los derechos al debido proceso y a la información “viola de manera directa el artículo 27 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos”.
Con esa eliminación también “se atropella el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, ha dicho el abogado, ex aliado del “chavismo” y uno de los 131 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la actual Carta Magna.
Partidos opositores sin representación parlamentaria, como Primero Justicia (PJ-centroderecha) y Un Nuevo Tiempo (UNT) rechazan la reforma porque otorgaría poderes “imperiales” a Chávez y lo eternizaría en el poder.
Esos dos partidos han llamado a la población a movilizarse y votar “no” en el referendo popular sobre la reforma, previsto a principios de diciembre próximo, probablemente el día 2 como ha propuesto el Poder Electoral.
El PJ también espera un fallo del Supremo respecto a la posibilidad de votar en el referendo la reforma por “artículos” o por “materias”, y no en “bloque” como exige el oficialismo.
Parlamento inició último debate del polémico proyecto del mandatario venezolano
Caracas
EFE
La Asamblea Nacional (AN) venezolana inició ayer la tercera y última discusión del proyecto de reforma constitucional impulsado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y rechazado por la oposición. Se preveía que la propuesta de modificación sea aprobada sin mayores inconvenientes este mismo mes por el pleno del legislativo, de 167 miembros, todos afectos al gobierno debido a un boicot opositor en las elecciones de 2005.
Se requieren los votos de dos terceras partes (111 diputados) del pleno para aprobar la reforma, lo que parece estar garantizado pese a que tres partidos minoritarios considerados oficialistas hasta hace pocas semanas (Podemos, Patria Para Todos (PPT) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV)) se han expresado contrarios a algunos puntos de la propuesta que será debatida artículo por artículo.
Al proyecto presidencial de reforma de 33 de los 350 artículos de la Constitución de 1999, una comisión especial parlamentaria sumó otros 25, por lo que el pleno legislativo discutirá 58 artículos.
Entre las propuestas más polémicas presentadas por Chávez están la reelección presidencial indefinida, varios tipos de propiedad además de la privada, la eliminación de la autonomía del Banco Central y la creación de territorios federales por decreto.
La eliminación de los derechos a la información y al debido proceso durante los estados de excepción que decrete el gobierno, y bajar la edad para votar de 18 a 16 años, son algunas de las polémicas modificaciones añadidas por la llamada comisión mixta parlamentaria, integrada por la directiva de la AN.
La oposición y los partidos Podemos, PPT y PCV han calificado de “inconstitucional” la adición de nuevos artículos por parte del Legislativo al proyecto presentado por Chávez.
El diputado de Podemos Ricardo Gutiérrez reiteró este martes que la mayoría oficialista “está vulnerando de manera vergonzosa los preceptos constitucionales” al ampliar la reforma, y responsabilizó a Chávez y a la directiva de la AN de su aprobación “ilegal”.
La presidenta de la AN, Cilia Flores, rechazó que sea “inconstitucional” añadir nuevos artículos a la propuesta de Chávez y sostuvo que la Carta Magna otorga esa potestad al Legislativo.
Ismael García, otro diputado de Podemos, también reiteró la crítica de la supuesta celeridad con la que el “chavismo” pretende aprobar la reforma, con el argumento de que “más de un 70 por ciento de la población desconoce” su contenido, lo que el oficialismo niega.
Esa posición le ha valido a Podemos y a sus dirigentes los calificativos de “estiércol y traidores” por parte de Chávez, quien hace dos semanas decretó que ese partido “ya es de oposición”.
Chávez también ha hecho énfasis en que la aprobación de la reforma es “indispensable” para la continuidad del proceso revolucionario, con el que ha prometido a los venezolanos instaurar un régimen de “equidad, justicia y paz” en el país petrolero.
Pero la oposición venezolana y organismos humanitarios locales e internacionales han señalado que la reforma atenta contra la democracia y es un retroceso para los Derechos Humanos en el país.
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) alertó este martes que si es aprobada la eliminación de los derechos al debido proceso y a la información “se le permitiría al presidente Chávez invocar el estado de emergencia para justificar la suspensión de derechos que son intocables bajo la ley internacional”.
El abogado constitucionalista y opositor venezolano Hermann Escarrá ha aseverado que eliminación de los derechos al debido proceso y a la información “viola de manera directa el artículo 27 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos”.
Con esa eliminación también “se atropella el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, ha dicho el abogado, ex aliado del “chavismo” y uno de los 131 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la actual Carta Magna.
Partidos opositores sin representación parlamentaria, como Primero Justicia (PJ-centroderecha) y Un Nuevo Tiempo (UNT) rechazan la reforma porque otorgaría poderes “imperiales” a Chávez y lo eternizaría en el poder.
Esos dos partidos han llamado a la población a movilizarse y votar “no” en el referendo popular sobre la reforma, previsto a principios de diciembre próximo, probablemente el día 2 como ha propuesto el Poder Electoral.
El PJ también espera un fallo del Supremo respecto a la posibilidad de votar en el referendo la reforma por “artículos” o por “materias”, y no en “bloque” como exige el oficialismo.