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La imposición de la receta digital obligatoria ha encendido las alertas entre profesionales de la salud y usuarios del sistema sanitario, debido a sus efectos económicos y operativos.
Así lo planteó el doctor Edgar Carrillo, especialista en gerencia de servicios de salud y formulación de políticas públicas, al analizar las consecuencias del decreto promovido por la ministra de Salud, Mary Munive.
Aunque la medida fue presentada como un paso hacia la modernización, Carrillo advirtió que, en la práctica, introduce nuevas barreras para acceder a medicamentos.
“Este decreto convierte una necesidad básica en un gasto adicional. A la gente se le está obligando a pagar una consulta médica para obtener medicamentos que antes podía adquirir sin ese requisito, o a abarrotar los EBAIS, afectando a quienes realmente requieren atención médica prioritaria”, dijo Carrillo.
El médico señaló que esta dinámica se traducirá en más filas, tiempos de espera prolongados y una mayor carga laboral para personal médico y farmacias.
Además, anticipó un impacto financiero significativo para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que deberá atender en los EBAIS a pacientes que antes resolvían su tratamiento con un costo relativamente bajo.
Otro de los señalamientos centrales apunta a la protección de datos personales; y es que, según Carrillo, el mecanismo establecido no resguarda ni anonimiza adecuadamente la información médica, ni contempla el consentimiento informado de los pacientes, lo que vulnera un derecho constitucional.
Este escenario podría derivar en que personas dejen de tratar sus enfermedades o en eventuales demandas contra médicos por la exposición indebida de datos sensibles.
Entre los impactos identificados se incluyen el aumento del gasto de bolsillo, la profundización de la desigualdad en el acceso a la salud, la ausencia de una planificación gradual y la violación del derecho a la confidencialidad médica.
Para el especialista, la decisión evidencia improvisación en política pública y una desconexión con la realidad cotidiana.
“La receta digital no es el problema; lo es la forma en que se impuso”, concluyó Carrillo, quien recordó que la Procuraduría General de la República y el Colegio de Médicos ya habían advertido sobre estas implicaciones.
