Rebajo del marchamo 2021 afectaría déficit fiscal y calidad de carreteras

A mes y medio de que se empiece a cobrar el marchamo 2021, el Gobierno de Carlos Alvarado trata por todos los medios de evitar que los diputados rebajen a la mitad el derecho de circulación.

Y es que si prospera el proyecto de ley -que se estudia en la Comisión de Asuntos Económicos – el Poder Ejecutivo tendría un hueco fiscal de ¢80 mil millones.

Un aumento en el déficit -que se estima en más del 8% del PIB al término del año -, así como un deterioro en la calidad de las carreteras, serían las consecuencias inmediatas de la medida, así como un desfinanciamiento de programas sociales, de educación y vivienda.

Mientras tanto, los diputados opositores insisten en que el alto desempleo y las restricciones al libre tránsito que se han puesto en vigencia por culpa de la pandemia del Covid-19, hacen imposible que se cobre el monto habitual del marchamo.

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Rebajar a la mitad el derecho de circulación, establecer montos de rebajo según la antigüedad de los vehículos y exonerar a los dueños de vehículos que demuestren que perdieron ingresos o el empleo por la culpa de la pandemia, son algunas de las propuestas que se manejan en comisión.

La disminución se aplicaría a carros con un valor inferior a ¢20 millones, mientras que las motocicletas con cilindraje de 500 centímetros cúbicos y los yates y helicópteros no tendían ningún beneficio.

“Con la llegada de la Covid-19 los costarricenses no solamente han visto reducidas sus finanzas, sino que también han visto disminuido el tiempo permitido en el ruedo de sus vehículos por las carreteras nacionales, por lo que injusto sería una tributación que se calcule igual que los años anteriores”, dijo Franngi Nicolás, diputada de Liberación.

Este martes, la Comisión de Hacendarios volverá a reunirse para conversar sobre el tema.

Sin embargo, para que el rebajo aplique para el marchamo 2021, los diputados deben apurarse, ya que el cobro del derecho de circulación saldrá a mediados de noviembre.

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El Gobierno se encuentra con el agua al cuello producto de la mala administración histórica de la hacienda pública y por el efecto de la Covid-19, que desaceleró la economía y generaría una reducción de ingresos este año de más de ¢1,2 billones, agravando el problema del déficit y la deuda.

“Esta rebaja implicaría una pérdida de 0,23% del PIB en recaudación, lo cual provocará que el déficit fiscal se incremente. Para cubrir este faltante tendríamos que recurrir al mercado interno de financiamiento, con el consecuente pago de intereses a una suma superior al 7% anual”, dijo Elián Villegas, ministro de Hacienda.

Por otra parte, el 50 % de los recursos provenientes del impuesto a la propiedad de los vehículos se destina al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la atención de la red vial nacional y el otro 50% se mantiene en el fondo general del Gobierno para la atención de los diferentes programas presupuestarios, tales como educación, seguridad, vivienda y obras públicas, por lo que rebajar el monto tendría una serie de consecuencias.