Presión a Chinchilla une nuevos grupos
Natasha Cambronero redaccion@larepublica.net | Martes 05 julio, 2011
Gasolineros, médicos y universitarios disconformes con gobierno
Presión a Chinchilla une nuevos grupos
Convulsión es coyuntural a intereses de los gremios, aduce Poder Ejecutivo
La presidenta Laura Chinchilla ahora también tiene que lidiar con los expendedores de combustibles, funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social y los estudiantes de universidades privadas, quienes se han sumado a los grupos que amenazan con salir a las calles a manifestarse.
A este efecto de “olla a presión” se le suman recientes encuestas de opinión que reprochan la falta de mano dura para gobernar, principalmente para enfrentar el flagelo de la inseguridad ciudadana, el costo de la vida y el estado de la infraestructura.
Para el Poder Ejecutivo, la situación de conmoción no necesariamente es culpa del Gobierno.
“Es producto de una dinámica política muy crispada, no necesariamente por el accionar del Gobierno en sí, sino que es coyuntural a los temas que están en discusión y a los intereses gremiales. Costa Rica es un país libre, todos tienen el derecho de manifestarse y desde el Poder Ejecutivo lo respetamos y valoramos la situación para encontrarle una salida”, dijo Roberto Gallardo, ministro de Comunicación.
La presión que enfrenta Chinchilla se debe a varias razones. Principalmente los desaciertos a la hora de elegir su gabinete y personal de confianza, pues no la han ayudado a la hora de gobernar; varios de sus ministros y un presidente ejecutivo han estado en el ojo de huracán por yerros en su labor.
Asimismo, le achacan problemas en la parte de comunicación, que las acciones o inacciones que realiza en algunas ocasiones son tomadas a destiempo, o bien que no realiza poco para cambiar la realidad nacional, en dichos puntos coinciden analistas políticos, empresarios y sectores de la opinión pública.
Abonado a ello, Chinchilla en algunos momentos ha flaqueado a la hora de mantener una posición.
Así ocurrió con la discusión de la mina Crucitas, los desperfectos de la nueva carretera a Caldera, el conflicto con Nicaragua por Isla Calero, el intento de aumento salarial que gestionaban los diputados y, más recientemente, la posible exploración petrolera y el proyecto de extracción de oro en Puntarenas.
A los flancos ya abiertos con los muelleros, exportadores bananeros y sindicatos de profesores; así como la compleja situación que enfrenta la actual administración con una oposición amalgamada, una infraestructura pública deteriorada y el sistema penitenciario colapsado, se unieron tres nuevos líos.
La semana pasada los gasolineros cumplieron con sus amenazas de desabastecer al país de combustibles y bloquearon durante tres horas los planteles de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Dicho gremio le reclama a la mandataria una nueva normativa que aclare las reglas del juego y evite el cierre de las viejas distribuidoras.
De momento el conflicto se resolvió, luego de que el Gobierno cediera a los intereses de los gasolineros, al anunciar que esta semana se realizarían las gestiones para aprobar un nuevo decreto.
De igual forma, los funcionarios de la Caja amenazan con paralizar la atención en los centros hospitalarios y clínicas, si el Estado no paga lo que adeuda por concepto de seguro social.
Otros que estarían por manifestarse son los estudiantes de universidades privadas, quienes en las próximas semanas saldrían a las calles, como medida de protesta por la intención del Ejecutivo de gravar la educación privada, como parte de las reformas fiscales que se discuten en la Asamblea Legislativa.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net
Presión a Chinchilla une nuevos grupos
Convulsión es coyuntural a intereses de los gremios, aduce Poder Ejecutivo
A este efecto de “olla a presión” se le suman recientes encuestas de opinión que reprochan la falta de mano dura para gobernar, principalmente para enfrentar el flagelo de la inseguridad ciudadana, el costo de la vida y el estado de la infraestructura.
Para el Poder Ejecutivo, la situación de conmoción no necesariamente es culpa del Gobierno.
“Es producto de una dinámica política muy crispada, no necesariamente por el accionar del Gobierno en sí, sino que es coyuntural a los temas que están en discusión y a los intereses gremiales. Costa Rica es un país libre, todos tienen el derecho de manifestarse y desde el Poder Ejecutivo lo respetamos y valoramos la situación para encontrarle una salida”, dijo Roberto Gallardo, ministro de Comunicación.
La presión que enfrenta Chinchilla se debe a varias razones. Principalmente los desaciertos a la hora de elegir su gabinete y personal de confianza, pues no la han ayudado a la hora de gobernar; varios de sus ministros y un presidente ejecutivo han estado en el ojo de huracán por yerros en su labor.
Asimismo, le achacan problemas en la parte de comunicación, que las acciones o inacciones que realiza en algunas ocasiones son tomadas a destiempo, o bien que no realiza poco para cambiar la realidad nacional, en dichos puntos coinciden analistas políticos, empresarios y sectores de la opinión pública.
Abonado a ello, Chinchilla en algunos momentos ha flaqueado a la hora de mantener una posición.
Así ocurrió con la discusión de la mina Crucitas, los desperfectos de la nueva carretera a Caldera, el conflicto con Nicaragua por Isla Calero, el intento de aumento salarial que gestionaban los diputados y, más recientemente, la posible exploración petrolera y el proyecto de extracción de oro en Puntarenas.
A los flancos ya abiertos con los muelleros, exportadores bananeros y sindicatos de profesores; así como la compleja situación que enfrenta la actual administración con una oposición amalgamada, una infraestructura pública deteriorada y el sistema penitenciario colapsado, se unieron tres nuevos líos.
La semana pasada los gasolineros cumplieron con sus amenazas de desabastecer al país de combustibles y bloquearon durante tres horas los planteles de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Dicho gremio le reclama a la mandataria una nueva normativa que aclare las reglas del juego y evite el cierre de las viejas distribuidoras.
De momento el conflicto se resolvió, luego de que el Gobierno cediera a los intereses de los gasolineros, al anunciar que esta semana se realizarían las gestiones para aprobar un nuevo decreto.
De igual forma, los funcionarios de la Caja amenazan con paralizar la atención en los centros hospitalarios y clínicas, si el Estado no paga lo que adeuda por concepto de seguro social.
Otros que estarían por manifestarse son los estudiantes de universidades privadas, quienes en las próximas semanas saldrían a las calles, como medida de protesta por la intención del Ejecutivo de gravar la educación privada, como parte de las reformas fiscales que se discuten en la Asamblea Legislativa.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net